Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Fiscalía Europea, por participar en una organización criminal que evadía el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. Estas condenas se suman a las cuatro previas, con un total de fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. La investigación reveló una compleja red criminal que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos, utilizando a personas en situación vulnerable como testaferros para eludir impuestos y distorsionar la competencia en el mercado.
En una reciente investigación liderada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Venecia, Italia, tres individuos han sido condenados por su participación en una organización criminal dedicada a la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios reducidos, evadiendo sistemáticamente el IVA. Estas condenas se suman a las de otros cuatro sospechosos que ya habían sido hallados culpables en este caso, conocido como ‘Cheap Ink’, que ha revelado un fraude masivo relacionado con el IVA, con beneficios estimados en 58 millones de euros.
Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de nueve años, cuatro años y seis meses, y cuatro años de prisión a los tres condenados. Esta decisión judicial es preliminar y está sujeta a apelación. Sin embargo, las primeras cuatro condenas ya han adquirido carácter definitivo.
La investigación ha destapado un complicado esquema de fraude que involucra a más de 100 sospechosos y una red de empresas principalmente ubicadas en la región del Triveneto en Italia, así como en varios otros países de la UE. Este plan utilizaba a personas en situación de vulnerabilidad como 'títeres' para numerosas compañías, permitiendo a los acusados importar tóneres para impresoras profesionales y material de oficina a Italia mientras evadían el IVA. Esto les permitió revender los productos importados a precios extremadamente competitivos, distorsionando así los principios de competencia justa en el mercado.
Desde octubre de 2021, la EPPO ha estado al frente de esta investigación, que incluye medidas operativas realizadas en Austria, Chequia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovaquia y Reino Unido. El modelo operativo único de la EPPO ha facilitado el desmantelamiento rápido de esta compleja red criminal transfronteriza y la presentación ante los tribunales de sus líderes mediante la recopilación ágil y exhaustiva de pruebas.
En etapas anteriores de esta investigación, a solicitud de la EPPO, la Policía Financiera Italiana llevó a cabo confiscaciones significativas que incluyeron efectivo, bienes inmuebles y activos lujosos pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos involucrados enfrentan medidas restrictivas sobre su libertad personal o preventivas. Además, se espera juicio para otros sospechosos relacionados con este caso.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente del Unión Europea, encargándose de investigar y juzgar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €58 millones | Ganancias estimadas del fraude de IVA |
| 9 años | Pena de prisión para uno de los condenados |
| 4 años y 6 meses | Pena de prisión para otro condenado |
| 4 años | Pena de prisión para el tercer condenado |
| 100+ | Número total aproximado de sospechosos involucrados en el esquema fraudulento |
La investigación ‘Cheap Ink’ es un caso liderado por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) que ha destapado un fraude masivo de IVA, con ganancias estimadas en 58 millones de euros, relacionado con la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina a precios bajos mediante la evasión sistemática del IVA.
Hasta ahora, tres sospechosos han sido condenados recientemente, sumándose a cuatro condenas anteriores en el marco de esta investigación.
Los jueces del Tribunal de Padua sentenciaron a uno de los sospechosos a nueve años de prisión, otro a cuatro años y seis meses, y el tercero a cuatro años. Estas decisiones son susceptibles de apelación.
El esquema utilizaba personas en situación de vulnerabilidad como 'prestanombres' para operar varias empresas, permitiendo así importar productos mientras evadían el IVA y distorsionaban la competencia en el mercado al revender estos productos a precios muy competitivos.
La Policía Financiera Italiana ha confiscado efectivo, bienes raíces y activos de lujo pertenecientes a 20 empresas y 15 sospechosos. Algunos de ellos están sujetos a medidas restrictivas de libertad personal o medidas preventivas.
La EPPO es la oficina pública independiente del fiscal europeo responsable de investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.