La Policía surcoreana ha detenido al actual y al anterior jefe del mando de inteligencia del Ministerio de Defensa en el marco de una investigación sobre la imposición de la ley marcial el 3 de diciembre. Se sospecha que el actual comandante, Moon Sang-ho, estaba al tanto del plan del presidente Yoon Suk-yeol para declarar la ley marcial y participó en su preparación. El exjefe Noh Sang-won también está implicado en la elaboración del decreto. La Policía tiene 48 horas para interrogar a los detenidos antes de decidir sobre su liberación o detención formal. Esta situación surge tras acusaciones de insurrección contra el presidente por parte de la Fiscalía.
La Policía surcoreana ha llevado a cabo la detención tanto del actual como del anterior jefe del mando de inteligencia del Ministerio de Defensa. Esta acción se enmarca dentro de una investigación relacionada con la imposición de la ley marcial en el país, que tuvo lugar el 3 de diciembre. La agencia de noticias Yonhap ha sido la encargada de reportar esta información.
Las autoridades han encontrado indicios que sugieren que el actual comandante, Moon Sang-ho, tenía conocimiento previo sobre los planes del presidente Yoon Suk-yeol para declarar la ley marcial y que, además, participó activamente en los preparativos para su implementación. Las sospechas se fundamentan en el hecho de que las tropas gubernamentales llegaron a la oficina de la Comisión Electoral Nacional, ubicada en Gwacheon, al sur de Seúl, apenas dos minutos después del anuncio oficial, según lo indicado por la Unidad Especial de Inteligencia de la Policía.
El exjefe del comando de inteligencia, Noh Sang-won, también enfrenta sospechas por su posible implicación en la preparación del decreto de ley marcial. Se le considera un colaborador cercano del exministro de Defensa Kim Yong-hyun, quien fue arrestado recientemente.
De acuerdo con los informes disponibles, bajo las disposiciones sobre detención de emergencia, la Policía tiene un plazo máximo de 48 horas para interrogar a los detenidos. Si no se solicita al tribunal una orden oficial basada en los resultados del interrogatorio o si el tribunal rechaza emitir dicha orden dentro del tiempo estipulado, las autoridades deberán liberar a los arrestados.