El Gobierno de Castilla-La Mancha propone un modelo de financiación autonómica único para todas las comunidades autónomas de régimen común, buscando garantizar la igualdad en la financiación por habitante. Durante la XXVII Conferencia de Presidentes en Santander, el consejero de Hacienda destacó la necesidad de un acuerdo que contemple variables como población y dispersión para determinar los costes de los servicios públicos. Además, se aboga por una redistribución de la riqueza y un pacto de Estado en materia de vivienda, con propuestas para mejorar la disponibilidad de suelo y facilitar la financiación. Para más detalles, visita el enlace.
Santander, 13 de diciembre de 2024. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su apoyo a la creación de un modelo de financiación autonómica que sea único para todas las comunidades autónomas bajo régimen común. Esta propuesta busca lograr una igualdad en la financiación por habitante ajustado, eliminando así la necesidad de discutir sobre ordinalidad y asegurando que las comunidades con mayor capacidad fiscal no tengan acceso a mejores servicios públicos.
Durante la celebración de la XXVII Conferencia de Presidentes, donde participa el presidente regional, Emiliano García-Page, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, enfatizó que, según la Constitución Española, solo existen dos regímenes financieros diferentes: los del País Vasco y Navarra. En este contexto, recordó que no se contempla un tercer régimen como el que se propone para Cataluña.
En este sentido, Ruiz Molina indicó que el presidente García-Page presentará un modelo para Castilla-La Mancha que garantice la igualdad de derechos de todos los españoles en cuanto al acceso a servicios públicos fundamentales. Afirmó que es contradictorio hablar de un modelo singular para Cataluña sin considerar las particularidades de cada comunidad autónoma al momento de prestar servicios públicos.
El consejero subrayó la importancia de llegar a un consenso sobre variables que influyen en el costo del servicio, tales como superficie, pirámide poblacional y dispersión. Estas consideraciones son esenciales para definir adecuadamente los recursos necesarios para cada comunidad autónoma.
Por otro lado, Ruiz Molina destacó que los impuestos se recaudan en función de la capacidad económica y se distribuyen para compensar a las comunidades con menor capacidad fiscal. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de abordar el tema desde una perspectiva de redistribución, más que desde la solidaridad, ya que se trata del manejo equitativo de la riqueza y renta que pertenece a todos los ciudadanos, tal como lo establece la Constitución.
En otro ámbito, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, abogó por un nuevo pacto estatal en materia de vivienda. Propuso una revisión profunda sobre la actual Ley de Vivienda, argumentando que esta debe buscar un mayor consenso entre los grupos parlamentarios. Según Hernando, “los grupos que aprobaron esta ley hace un año no contarían hoy con una mayoría en el Congreso”.
Hernando enumeró diversas propuestas destinadas a mejorar la situación habitacional en Castilla-La Mancha. Entre ellas se encuentra una mayor disponibilidad de suelo público y privado para aumentar la oferta de vivienda. También propuso acelerar los trámites y licencias municipales para optimizar tiempos en gestiones relacionadas con la construcción.
A su vez, planteó soluciones ante la escasez de mano de obra en el sector mediante una apuesta por la industrialización y sugirió facilitar opciones financieras a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Además, mencionó un anexo detallado con doce programas propuestos para incluir en el nuevo Plan Estatal de Vivienda.
El consejero también propuso establecer mecanismos de colaboración público-privada basados en lecciones aprendidas durante la gestión positiva de fondos europeos. Destacó que Castilla-La Mancha ha sido reconocida como una comunidad autónoma líder en rehabilitación a nivel nacional.
Finalmente, Hernando sugirió implementar ayudas fiscales como un IVA super reducido para jóvenes interesados en adquirir o vender vivienda. También propuso crear un Plan Nacional de Seguros que permitiría a particulares acceder a seguros nacionales garantizando cobros por alquileres e indemnizaciones por daños, así como asistencia jurídica ante problemas relacionados con inquilinos.
Acompañando al presidente García-Page están también el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, junto con otros consejeros clave del gabinete autonómico.
El Gobierno de Castilla-La Mancha aboga por un modelo de financiación autonómica único para todas las comunidades autónomas de régimen común, buscando igualdad en la financiación por habitante ajustado.
El objetivo es garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles a los servicios públicos fundamentales y evitar que se hable de ordinalidad o mejores servicios para comunidades con mayor capacidad fiscal.
Se deben tener en cuenta variables como la superficie, pirámide poblacional y dispersión, así como sus ponderaciones, para determinar el coste que supone a las comunidades prestar servicios públicos.
El consejero enfatiza que se debe hablar de redistribución y no de solidaridad, ya que implica la distribución de la riqueza y renta que pertenece a todos, conforme a lo establecido en la Constitución.
Se ha propuesto un nuevo pacto de Estado en materia de vivienda que incluya mejoras en la Ley de Vivienda, mayor disponibilidad de suelo, agilización de trámites, soluciones ante falta de mano de obra y facilidades en financiación.
Las medidas incluyen una batería de ayudas fiscales, un Plan Nacional de Seguros para inquilinos y mecanismos de colaboración público-privada basados en lecciones aprendidas durante la gestión de fondos europeos.