España ha rechazado la criminalización de la asistencia humanitaria a personas migrantes en el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) de la presidencia húngara. El ministro Félix Bolaños defendió la inclusión de una cláusula que proteja a quienes brindan ayuda humanitaria, destacando el compromiso del país con los derechos humanos y la seguridad fronteriza. Durante la reunión, también se discutieron directivas sobre el tráfico ilícito de migrantes y la explotación sexual de menores. España aboga por un enfoque que garantice la protección de las organizaciones humanitarias mientras intensifica su lucha contra el crimen organizado. Para más información, visita el enlace.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, participó en el segundo Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) bajo la presidencia húngara, siendo este el primer encuentro tras el nombramiento de la nueva Comisión Europea. Durante esta sesión, se discutieron diversas iniciativas legislativas, destacándose dos propuestas de directivas: una relacionada con el tráfico ilícito de migrantes y otra enfocada en la protección contra el abuso sexual de menores.
En el marco del debate sobre justicia, los ministros y ministras de Justicia de la Unión Europea abordaron una propuesta que establece normas mínimas para prevenir el tráfico ilícito de migrantes. En este contexto, España ha tomado un papel proactivo al rechazar la criminalización de la ayuda humanitaria, enfatizando la necesidad de incluir una cláusula en dicha directiva que exima a quienes brindan asistencia humanitaria a migrantes de cualquier tipo de sanción.
Durante su intervención, el ministro Bolaños defendió esta demanda, subrayando que es especialmente relevante para familiares directos y organizaciones humanitarias dedicadas al rescate y apoyo a personas migrantes. Además, aseguró que la Administración española mantendrá su respaldo total a estas organizaciones mientras intensifica sus esfuerzos contra las redes criminales involucradas en el tráfico de personas. Este enfoque busca equilibrar los derechos humanos con la seguridad en las fronteras.
Otro tema central del encuentro fue una propuesta de directiva destinada a combatir los abusos sexuales y la explotación sexual infantil. España expresó su desacuerdo con algunos aspectos fundamentales del texto, señalando que la definición del consentimiento debe ser más amplia y alinearse con las legislaciones más avanzadas, como es el caso del marco legal español.
Bolaños reconoció los cambios introducidos en los últimos meses gracias a las solicitudes realizadas por España y otros países. Entre estos cambios se incluye una definición positiva del consentimiento y la consideración de delitos digitales, donde España ha sido pionera. Sin embargo, estos avances no fueron suficientes para obtener el apoyo español al texto en su forma actual.
Finalmente, respecto a iniciativas no legislativas, el JAI también abordó cuestiones relacionadas con la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, así como temas relacionados con la impunidad en el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania.
España ha liderado el rechazo a la criminalización de la ayuda humanitaria, defendiendo la inclusión de una cláusula en las directivas que excluya de sanciones a quienes brindan asistencia humanitaria a migrantes.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue quien asistió a este consejo.
Se abordaron diferentes iniciativas legislativas, destacando dos propuestas: una sobre el tráfico ilícito de migrantes y otra contra el abuso sexual de menores.
La Administración española mantiene su pleno apoyo a las organizaciones humanitarias mientras intensifica la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de personas.
España ha solicitado que la definición del consentimiento en esta directiva sea más amplia y ambiciosa, alineándose con legislaciones más avanzadas, como la española.