Unifye SL advierte que una nueva ley sobre la venta de préstamos impagados podría dejar sin protección a la mayoría de los consumidores españoles endeudados. La legislación busca ayudar a personas vulnerables a saldar sus deudas, pero una enmienda que redefine "vulnerabilidad" podría restringir el acceso a estos beneficios. Según Maria Petrache de Unifye SL, el enfoque actual ignora factores cruciales que afectan la capacidad de pago de los deudores. Se espera que el texto final de la ley garantice una protección adecuada para quienes realmente lo necesitan.
Una reciente propuesta legislativa sobre la venta de préstamos impagados ha suscitado preocupaciones en torno a su capacidad para proteger a los consumidores españoles endeudados. Según los expertos, esta nueva normativa podría dejar fuera de su amparo a una gran parte de la población vulnerable.
La ley busca facilitar que las personas con dificultades económicas puedan saldar sus deudas mediante acuerdos razonables con las entidades bancarias. Sin embargo, se han planteado enmiendas que restringen el acceso a estos beneficios al redefinir lo que significa ser "vulnerable".
El cambio en el enfoque legislativo podría resultar en una exclusión significativa de los consumidores endeudados que necesitan protección cuando sus préstamos son vendidos a agencias de cobro. Maria Petrache, representante de Unifye SL, expertos en gestión de deudas, advirtió sobre este riesgo, recordando que en 2005, tras la implementación de legislación similar en el Reino Unido, surgieron disputas sobre la definición de "cliente vulnerable", donde bancos y prestamistas intentaron limitar el acceso a las protecciones disponibles.
En España, para ser clasificado como un deudor vulnerable, es necesario recibir el Ingreso Mínimo Vital, fijado en 604,21 euros mensuales. Esta cifra es considerada insuficiente por muchos expertos, quienes argumentan que no refleja adecuadamente la realidad económica y social del país.
Los críticos sostienen que esta metodología simplista no tiene en cuenta otros factores cruciales que influyen en la capacidad de una persona para devolver préstamos. Con ingresos tan limitados, cubrir necesidades básicas como alquiler, alimentación y gastos médicos se convierte en un desafío casi insuperable, especialmente en ciudades con altos costos de vida como Madrid o Barcelona.
Para abordar efectivamente la vulnerabilidad financiera, es fundamental considerar una variedad de circunstancias personales: ingresos totales, cargas familiares y gastos esenciales. La evaluación debe reflejar la verdadera asequibilidad y las condiciones vitales del individuo.
A pesar de las preocupaciones manifestadas, la ley permitirá a los consumidores presentar Planes de Pago, facilitando así el reembolso del total adeudado a un ritmo acorde con sus posibilidades financieras. Este aspecto es esencial para aquellos considerados "vulnerables".
La comunidad espera con interés el texto definitivo de esta ley y confía en que el reglamento futuro garantice una protección adecuada para las personas vulnerables, cumpliendo así con el objetivo primordial que motivó su creación.
La nueva ley podría excluir de su protección a la gran mayoría de los consumidores españoles endeudados, ya que se prevé un cambio en la definición de "vulnerabilidad" que restringiría el acceso a los beneficios de la ley.
Actualmente, para ser considerado deudor vulnerable en España, se requiere estar cobrando el Ingreso Mínimo Vital de 604,21 euros al mes, lo cual no toma en cuenta otras variables que afectan la capacidad de pago.
Se considera insuficiente porque con esos ingresos es muy difícil cubrir gastos básicos como alquiler, comida y otros suministros, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde el costo de vida es elevado.
Una evaluación justa debería incluir todas las circunstancias personales del individuo, tales como ingresos, cargas familiares, gastos médicos y educativos esenciales, y otros gastos diarios necesarios para subsistir.
La ley permite a los consumidores proponer planes de pago que les permitan devolver el importe total a un ritmo que puedan permitirse, buscando proteger a las personas vulnerables.
El objetivo principal de la ley es proteger y amparar razonablemente a las personas vulnerables frente a la venta de préstamos impagados.