La Intendencia de Montevideo, bajo el gobierno del Frente Amplio, ha sido acusada de malgastar fondos públicos al contratar a cooperativas sociales vinculadas a militantes del partido. La Cooperativa Social Cerro Oeste, creada por miembros del Frente Amplio en la zona oeste de Montevideo, ha recibido importantes sumas de dinero por servicios de limpieza y mantenimiento, aunque se señala que los verdaderos trabajadores reciben salarios bajos. Esta situación ha generado críticas sobre la falta de transparencia y el uso indebido de recursos públicos para beneficiar a militantes políticos. La denuncia resalta una práctica habitual en la gestión municipal que implica la creación de cooperativas con fines políticos más que sociales. Para más detalles, visita el enlace.
La Intendencia Departamental de Montevideo, bajo la administración del Frente Amplio desde 1990, ha sido objeto de críticas por el presunto mal uso de los recursos públicos. Se argumenta que se destina dinero de los contribuyentes a actividades que benefician indirectamente a su propia fuerza política y a sectores afines.
Un caso particular es el de la Cooperativa Social Cerro Oeste, establecida por un grupo de militantes del Frente Amplio en la zona oeste de Montevideo, que incluye áreas como El Cerro, Cerro Norte, La Teja y Paso de la Arena. Esta cooperativa se presenta como una iniciativa para ofrecer oportunidades laborales a vecinos en situación vulnerable, pero hay quienes sostienen que su creación responde más a intereses políticos que a necesidades sociales reales.
El mecanismo utilizado consiste en registrar la cooperativa social y luego formalizar un convenio con la intendencia, justificando que están proporcionando ayuda a personas en condiciones precarias. Sin embargo, se ha señalado que muchos de sus integrantes son militantes conocidos del Frente Amplio.
Documentos obtenidos por medios locales indican que la intendencia ha celebrado múltiples acuerdos con esta cooperativa, inyectándole sumas significativas bajo el argumento de que están prestando servicios de limpieza y barrido. En este sentido, se plantea que gran parte del dinero destinado a la cooperativa es absorbido por su directiva, mientras que los trabajadores reciben salarios muy bajos.
Este esquema ha generado preocupación entre sectores opositores, quienes afirman que se trata de una práctica habitual donde militantes del Frente Amplio crean cooperativas “sociales” con el fin de recibir financiamiento público. Según un edil opositor, esta dinámica permite a los líderes cooperativos gestionar convenios con facilidad gracias a conexiones políticas dentro de la intendencia.
Por ejemplo, mediante la Adjudicación E172276 del 28 de noviembre del presente año, se autorizó un pago significativo a la Cooperativa Social Cerro Oeste por un total de $1.062.417, presentado como un servicio para el mantenimiento de áreas verdes.
A lo largo del tiempo, este tipo de acuerdos han sido firmados por diferentes administraciones al frente del gobierno municipal. En 2013, durante la gestión de la intendente comunista Ana Olivera, se aprobó una resolución similar otorgando un pago considerable a esta misma cooperativa.
El actual alcalde del Municipio A es Juan Carlos Plachot, quien tiene una trayectoria política vinculada al Frente Amplio y al Partido Comunista. Esta relación entre las autoridades locales y las cooperativas ha suscitado interrogantes sobre la transparencia y el manejo adecuado de los fondos públicos.
Conclusión
A medida que surgen estos casos, queda en evidencia una posible falta de ética en el uso del dinero público para fines partidarios. Los críticos sostienen que estas prácticas no solo representan un malgasto sino también un manejo turbio de los recursos destinados al bienestar social. La situación plantea importantes cuestionamientos sobre la responsabilidad fiscal y política en el contexto montevideano.