El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha confirmado la condena a la Consejería de Educación y a Aeromédica Canaria SLU por cesión ilegal de trabajadores. La sentencia reconoce a una técnica de educación especial como trabajadora de la Consejería, tras haber encadenado 14 contratos temporales durante más de diez años. Se ordena el abono de casi 21.000 euros en diferencias salariales y se aplica el convenio colectivo correspondiente. El tribunal destaca que el trabajo se realizaba en centros educativos bajo la dirección de la Consejería, lo que evidencia la cesión ilegal. La resolución puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), con sede en Santa Cruz de Tenerife, ha ratificado la sentencia que condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias y a la empresa Aeromédica Canaria SLU por cesión ilegal de trabajadores. Este fallo se refiere al caso de una técnica de educación especial que, durante más de diez años, había estado encadenando contratos como fija discontinua para atender a alumnos con discapacidades o trastornos graves en centros educativos dependientes de la Consejería.
El tribunal ha respaldado el criterio del Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife, que ya había determinado que existía una “cesión ilegal de mano de obra” desde Aeromédica hacia la Consejería. Asimismo, se ha desestimado el recurso presentado por los servicios jurídicos del Gobierno canario. La sentencia reconoce a la afectada como trabajadora oficial de la Consejería y ordena que se le aplique el convenio colectivo correspondiente para el personal laboral de la Comunidad Autónoma, asegurando así que reciba sus retribuciones conforme a dicho convenio.
Además, el TSJC ha impuesto a Aeromédica Canaria SLU la obligación de abonar a la demandante un total de 20.998,25 euros en concepto de diferencias salariales acumuladas entre enero de 2019 y octubre de 2022, incluyendo un interés del 10%.
La investigación judicial reveló que entre 2011 y 2022, la trabajadora había firmado un total de 14 contratos temporales, ya sea con Aeromédica o con Clece S.A., empresa que fue subrogada por Aeromédica en 2016. Su salario mensual bruto prorrateado era de 845,40 euros por jornada parcial.
Tanto el juzgado inicial como el TSJC han coincidido en calificar este caso como una clara cesión ilegal. Durante el juicio se demostró que la técnica educadora operaba en un centro educativo bajo las directrices del equipo docente y coordinándose con los tutores, llevando a cabo tareas como elaborar programación educativa y evaluar actividades utilizando los recursos proporcionados por la Consejería.
El tribunal también recordó un fallo anterior en 2018 donde se apreció una situación similar. En respuesta a las alegaciones presentadas por las empresas demandadas sobre si las funciones desempeñadas por la actora eran parte del ámbito educativo administrativo, el TSJC consideró esta afirmación “cuando menos dudosa”, dado que el convenio colectivo contempla categorías relacionadas con el cuidado y apoyo educativo.
El tribunal enfatizó que lo decisivo para determinar la existencia de cesión ilegal es cómo se ejecutaba realmente el servicio. En este caso, se prestaba en los centros educativos públicos con los medios disponibles allí y junto al personal docente existente.
La sentencia subraya que no hay evidencia suficiente para afirmar que las empresas demandadas proporcionaran los medios materiales necesarios para llevar a cabo las labores educativas. Un simple distintivo no puede ser considerado como un recurso material adecuado para ejecutar dicho trabajo.
Aunque esta resolución puede ser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo para unificar doctrina, su presentación requiere un depósito previo de 600 euros, además de aportar una sentencia diferente dictada por otro tribunal en un caso análogo.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Total de contratos | 14 |
| Diferencias salariales a abonar | 20.998,25 euros |
| Periodo correspondiente a las diferencias salariales | enero de 2019 a octubre de 2022 |
| Salario mensual bruto prorrateado | 845,40 euros |
El TSJ de Canarias ha confirmado una sentencia que condena a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por cesión ilegal de trabajadores.
El caso se refiere a una técnica de educación especial que trabajó más de diez años con contratos como fija discontinua para atender a alumnos con discapacidades o trastornos graves.
El tribunal reconoció a la afectada como trabajadora de la Consejería y ordenó que se le aplicara el convenio colectivo correspondiente, así como el abono de sus retribuciones conforme a ese convenio.
Aeromédica Canaria SLU debe abonar un total de 20.998,25 euros en concepto de diferencias salariales desde enero de 2019 hasta octubre de 2022.
Las demandadas alegaron que la actividad realizada por la actora no formaba parte de las funciones que puede realizar la administración educativa, aunque el tribunal consideró esto dudoso.
El servicio se prestaba en los centros educativos con medios materiales proporcionados por la Consejería y bajo su dirección, lo que evidencia la cesión ilegal.
Sí, es posible presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero se requiere consignar un depósito y presentar una sentencia diferente en un caso similar.