El Congreso de EE. UU. está impulsando el proyecto de ley HSB 737, que otorgaría inmunidad legal a los fabricantes de pesticidas, protegiéndolos de demandas por daños a la salud causados por sus productos químicos tóxicos. Este movimiento se asemeja a la estrategia utilizada por la industria farmacéutica para protegerse de litigios relacionados con las vacunas. La legislación ha sido recomendada para su aprobación en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, lo que podría limitar los derechos legales de los agricultores afectados. Activistas advierten sobre el vínculo entre el uso de pesticidas y enfermedades graves como el cáncer, mientras que compañías como Bayer enfrentan miles de millones en demandas relacionadas con sus productos.
La industria de pesticidas está tomando un enfoque similar al de la industria farmacéutica, intentando protegerse de demandas por lesiones y daños a la salud ocasionados por sus productos químicos tóxicos. En un contexto político marcado por la transición entre la administración de Joe Biden y el posible regreso de Donald Trump, el Congreso se encuentra en un proceso activo para aprobar una nueva legislación conocida como HSB 737.
Este proyecto de ley, que busca otorgar inmunidad a las empresas productoras de pesticidas, recuerda a la Ley PREP que eximió a las grandes farmacéuticas de responsabilidad legal en relación con las vacunas contra el COVID-19. De esta manera, HSB 737 pretende liberar a la industria de pesticidas del escrutinio judicial.
Un testigo presente en una audiencia sobre el tema expresó: "Salí de esta audiencia del subcomité sobre HSB 737, que otorgaría inmunidad a las empresas de pesticidas frente a demandas ciudadanas". Este mismo individuo alertó sobre cómo este proyecto podría vulnerar los derechos legales de los agricultores afectados por los daños causados por estos productos químicos.
El testimonio continuó señalando que “este proyecto ya ha pasado en el subcomité y eliminará los derechos de los agricultores para buscar justicia después de sufrir daños”. Las empresas como Bayer argumentan que las demandas podrían llevarlas a la quiebra, lo cual plantea serias preocupaciones sobre la responsabilidad corporativa y la seguridad alimentaria.
HSB 737 se encuentra actualmente bajo consideración en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, donde ha recibido una recomendación favorable con un voto de 2-1.
En Iowa, alrededor de 200 ciudadanos han intentado demandar a la industria agrícola debido a enfermedades graves, incluyendo cáncer, provocadas por el uso indiscriminado de pesticidas. Legisladores estatales han propuesto el Proyecto de Ley del Senado 2412, que busca eximir a estas compañías de responsabilidades legales relacionadas con productos aprobados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos.
Este proyecto exige que todos los químicos cuenten únicamente con etiquetas advertidoras federales como única forma legal de descargo. Así, se establece una situación donde el uso queda bajo el propio riesgo del consumidor. Andrew Mertens, representante de la Asociación de Justicia de Iowa, destacó que múltiples estudios han demostrado que estos productos químicos incrementan significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades graves.
Pesticidas ampliamente utilizados como Roundup (glifosato) han sido señalados repetidamente como cancerígenos. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) clasificó al glifosato como "probablemente carcinogénico para los humanos" en 2015 tras extensas discusiones públicas sobre su seguridad.
Bayer, tras adquirir Monsanto —la compañía detrás del Roundup— ha destinado más de 10 mil millones de dólares para resolver litigios relacionados con sus productos cancerígenos. El senador Jeff Edler advirtió que “estamos lidiando con miles de millones en demandas contra la industria agrícola”, enfatizando que esos costos impactan directamente en los agricultores.
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