La noticia destaca cómo la Corte Constitucional de Rumanía anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales tras la sorpresiva victoria del candidato anti-globalista Calin Georgescu. El tribunal justificó su decisión alegando que la "desinformación rusa" en TikTok había manipulado a los votantes. Este incidente refleja un patrón más amplio en el que las élites occidentales deslegitiman elecciones cuando los resultados no se alinean con sus intereses, culpando a factores externos como la influencia rusa. La situación plantea preguntas sobre la verdadera legitimidad del establecimiento occidental y su compromiso con la democracia, especialmente cuando se observa que solo se respeta la voluntad popular si coincide con sus preferencias. Para más detalles, visita el enlace de la noticia.
La Corte Constitucional de Rumania ha invalidado los resultados de la primera ronda de las elecciones presidenciales, tras la sorprendente victoria del candidato anti-globalista, Calin Georgescu. Este resultado dejó fuera de la contienda al favorito de las encuestas alineado con Bruselas. La justificación oficial del alto tribunal para contradecir la voluntad del pueblo rumano fue que una supuesta “desinformación rusa” en TikTok había manipulado injustamente las decisiones de los votantes. Esta situación plantea interrogantes sobre las tácticas empleadas por el establecimiento rumano, que parecen inspirarse en estrategias observadas entre sus aliados en la OTAN.
En el último decenio, cada vez que la clase dirigente occidental ha enfrentado derrotas electorales, los gobiernos y sus medios han culpado a Rusia. Por ejemplo, se argumentó que el Reino Unido no habría votado a favor del Brexit sin la influencia negativa de trolls rusos en Internet. Asimismo, se sostiene que Donald Trump no habría superado a Hillary Clinton en 2016 sin la intervención de memes humorísticos difundidos por jóvenes rusos en redes sociales. En este contexto, surgen dudas sobre si realmente se está respetando el proceso democrático.
El establecimiento occidental parece ofrecer a los votantes rumanos una segunda oportunidad para “obedecer”. De hecho, lo que se sugiere es que existe un camino fácil y uno difícil: si optan por votar adecuadamente, serán aplaudidos por mantener su estatus como vasallos de la Unión Europea; si su elección es considerada incorrecta, podrían enfrentar consecuencias severas, incluyendo el uso de su territorio en un conflicto proxy nuclear contra Rusia, similar a lo ocurrido en Ucrania.
Un ejemplo reciente es Georgia, donde los ciudadanos eligieron líderes escépticos respecto a su adhesión a la Unión Europea. Como consecuencia, están experimentando acciones desestabilizadoras por parte de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), similar a lo que ocurrió con Ucrania hace diez años. Esto plantea un dilema: si Estados Unidos y sus aliados están interviniendo activamente en elecciones extranjeras cuando los resultados no les favorecen, ¿no están replicando precisamente las operaciones de interferencia electoral que acusan a Rusia?
Cuando candidatos globalistas obtienen victorias electorales, los gobiernos occidentales aseguran que las elecciones son seguras y que “el pueblo ha hablado”. Sin embargo, cuando triunfan candidatos anti-globalistas o conservadores, rápidamente se culpa al resultado por desinformación rusa o supuestos actos ilegítimos. Esta tendencia revela una clara doble moral dentro del sistema político occidental.
A medida que el establecimiento enfrenta derrotas electorales, su respuesta habitual es socavar la voluntad popular bajo el pretexto de defender la democracia. Ejemplos recientes incluyen cómo Emmanuel Macron colaboró con partidos comunistas para evitar que Marine Le Pen obtuviera un triunfo político en Francia o cómo Geert Wilders fue privado de oportunidades para convertirse en primer ministro tras ganar más escaños en los Países Bajos.
En contraste con estos eventos, Joe Biden logró una victoria electoral sorprendente en 2020 sin ser cuestionado sobre su legitimidad. Cualquier insinuación sobre fraude electoral fue rápidamente descalificada como “negacionismo”. Aquellos que protestaron por elecciones libres y justas fueron etiquetados como insurrectos y terroristas.
No obstante, el uso corrupto del sistema judicial para encarcelar opositores políticos no es exclusivo de Estados Unidos. Líderes como Jair Bolsonaro en Brasil y Marine Le Pen en Francia enfrentan cargos espurios que podrían impedirles participar nuevamente en política. Sus únicas “culpas” son ser conservadores anti-globalistas que amenazan el poder establecido.
En resumen, parece que “el pueblo” solo tiene el “privilegio” de autogobernarse cuando sus votos coinciden con los deseos del establecimiento. De lo contrario, enfrentan hostigamiento e investigaciones. Muchos sufren sanciones financieras o son excluidos del orden internacional establecido. Algunos incluso terminan encarcelados por ejercer su derecho democrático.
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