La decisión del Supremo, que impide al fondo buitre comercializar las viviendas de protección que le fueron 'donadas' por la exalcaldesa Ana Botella a un precio superior al de adquisición, podría marcar un hito en la política de vivienda.
La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que respalda la decisión anterior de la Audiencia Provincial de Madrid, representa un importante golpe para los fondos buitres en España. Por primera vez, este fondo se verá obligado a vender las viviendas que recibió como un regalo del Ayuntamiento de Madrid, que estaba bajo la dirección de la alcaldesa Ana Botella, al mismo precio al que fueron adquiridas, aproximadamente 68.000€.
Esto significa que los ciudadanos que ocupaban estas viviendas –en esta primera sentencia se trata de cuatro familias– tendrán la oportunidad de recuperarlas, anulando así la estafa que representó aquella transacción para un total de 1.800 familias.
Esta sentencia podría marcar un hito histórico en la evolución de la política pública relacionada con la vivienda en las instituciones de Madrid, así como en el resto del país. La aparición de fondos de inversión bajo la legislación Socimi, que tienen conexiones familiares muy cercanas a la familia Aznar, ha permitido aprovechar una normativa fiscal bastante permisiva. Esto ha llevado, a través de prácticas que generan serias dudas sobre su legalidad, a la expulsión de inquilinos en situaciones vulnerables, contando con el apoyo de administraciones controladas por el PP, además de contar con la complicidad de ciertos medios de comunicación y, hasta ahora, de una parte significativa de la judicatura.
La creación de las socimis fue impulsada por el PSOE durante la última etapa de Zapatero. Sin embargo, al principio, la fiscalidad que se aplicaba era bastante diferente, ya que estos vehículos de inversión estaban obligados a abonar un impuesto sobre sociedades, aunque este era reducido. Esta situación provocó que, en sus primeros momentos, la constitución de sociedades de este tipo fuera escasa, además de las estrictas condiciones requeridas para cotizar en mercados organizados.
Fue con la llegada del PP al gobierno cuando se produjo un cambio significativo. Gracias a una reforma impulsada por el lobby inmobiliario, se facilitó el crecimiento de estas sociedades. Muchas de ellas han sabido beneficiarse de vínculos con personas que han ocupado posiciones de poder político, tanto en el PP como en el PSOE.
La llegada de grandes cantidades de inversión al sector inmobiliario en España se debe a esta modificación legislativa. Se ha notado especialmente el incremento de inversiones por parte de fondos de pensiones internacionales, los cuales han logrado adentrarse en el mercado inmobiliario, resultando en el desalojo de miles de trabajadores en situación vulnerable. Esta política, que se fundamenta tanto en el rentismo de particulares como en la creciente aparición de vehículos de inversión con capital transnacional, ha creado un nuevo paradigma para la provisión de vivienda destinada al alquiler. Esto contrasta con el modelo de vivienda pública que se está consolidando en la Unión Europea. Por lo tanto, es comprensible que el capital extranjero, muchas veces de origen cuestionable, opte por invertir en España en lugar de otros países.
La política inmobiliaria, que se ha llevado a cabo por el PSOE y el PP en los últimos años, se fundamenta en diversos factores financieros y fiscales, así como en la falta de control y supervisión del mercado de bienes raíces. No es un detalle menor que altos dirigentes socialistas, como Clos, ex alcalde de Barcelona, y Helena Beunza, antigua secretaria general de Vivienda también del PSOE, hayan estado al frente del lobby inmobiliario Asval. Estos líderes han ejercido presión sobre el actual presidente del Gobierno para que realice modificaciones en la Ley de Vivienda, que busca implementar controles en los precios de alquiler, debilitando su contenido original.
A su vez, han sido responsables de que no se eliminaran las ventajas fiscales otorgadas a las socimis durante la reciente votación del paquete fiscal en el Congreso. Las declaraciones de la actual ministra de Vivienda han demostrado que el PSOE continúa siendo un aliado estratégico para los grandes fondos de inversión en el sector inmobiliario.
Hasta ahora, los grandes fondos han contado con el apoyo de los principales partidos políticos, especialmente aquellos que gestionan el BOE. Sin embargo, no anticiparon que la judicatura podría oponerse a sus prácticas supuestamente ilegales, como lo ha determinado el Tribunal Supremo. En este contexto, es importante resaltar al abogado que ha liderado esta lucha contra el poder de los Fondos de Inversión y Socimis, Mariano Benítez de Lugo, quien ha realizado un esfuerzo personal considerable. Curiosamente, este abogado fue contratado por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid, pero recibió su despido a través de un SMS bajo la justificación de que era demasiado costoso, a pesar de que prácticamente no cobra nada a las víctimas de la estafa perpetrada por el propio Ayuntamiento al vender estos pisos a Fidere.
La importancia de esta sentencia en contra de las prácticas de las socimis resalta, sin embargo, queda un sabor amargo al constatar que los verdaderos responsables, el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de Ana Botella, han evadido cualquier tipo de reproche tanto penal como político. Esto pone de manifiesto lo corrupto que está el sistema judicial en nuestro país y cómo el entramado de las grandes corporaciones ha logrado colonizar el poder político, incluso entre aquellos partidos que se autodenominan progresistas.
En conclusión, es un momento para celebrar, ya que el alto tribunal ha emitido una sentencia que beneficia a numerosas familias que fueron desalojadas de sus hogares por el Ayuntamiento de Madrid, a través de un trato favorable a Fidere, y que ahora tendrán la oportunidad de adquirir sus viviendas a un precio muy reducido. Esperamos que esta sentencia se implemente lo más pronto posible y se extienda a las demás familias que están a la espera de una resolución similar, la cual debería alinearse con la unidad de doctrina.
Además, es fundamental expresar nuestro agradecimiento a un abogado destacado e histórico como Mariano Benítez de Lugo, quien ha brindado una valiosa lección tanto jurídica como humanitaria a todos los sectores implicados, en particular al PSOE de Madrid, que decidió prescindir de sus servicios por considerarlos demasiado costosos. Qué mezquindad y mediocridad caracterizan a dicha organización. Ahora resulta más claro su escaso impacto social y político en la capital de España.