El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha abogado por la aprobación de unos presupuestos ambiciosos que incluyan una prestación universal por crianza en España. Durante un evento en Barcelona, Bustinduy destacó la urgente necesidad de reducir las altas tasas de pobreza infantil y propuso que esta prestación sea un derecho ciudadano, no solo una ayuda. Resaltó que España destina solo el 1,5% del PIB a protección familiar, inferior al promedio de la UE. Además, enfatizó la importancia de abordar los retos sociales actuales y mejorar las políticas de conciliación familiar en el país. Para más detalles, visita el enlace.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha manifestado la urgencia de que España implemente una prestación universal por crianza con el fin de combatir las alarmantes tasas de pobreza infantil en el país. Durante un evento reciente, Bustinduy subrayó que estas cifras son "inaceptables" y destacó que la crianza no debería ser "una carrera de obstáculos". En su opinión, resulta anómalo que España carezca de políticas públicas en este ámbito comparables a las de otros países europeos.
El titular de Derechos Sociales celebró que esta propuesta esté incluida en las negociaciones para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Según Bustinduy, estos nuevos presupuestos deben convertirse en una herramienta clave para avanzar en la agenda social exigida por la sociedad española. Afirmó que es esencial no solo reducir la pobreza infantil, sino también fortalecer el derecho a la conciliación familiar. Para él, esta prestación debe ser considerada un derecho ciudadano más que una mera ayuda, enfatizando su carácter universal para garantizar que llegue automáticamente a quienes más lo necesitan.
Bustinduy ha insistido en que las medidas para la conciliación familiar deben ser un pilar fundamental del estado de bienestar. "Así como nadie cuestiona la universalidad de la sanidad, educación o pensiones, el apoyo a la crianza también debe serlo", afirmó. Recordó además que las políticas de protección social hacia las familias en España han sufrido una infrafinanciación histórica debido a recortes implementados en la pasada década.
El ministro hizo hincapié en la necesidad urgente de contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2025, capaces de abordar los retos actuales del país. Entre estos desafíos, destacó las dificultades para formar una familia como uno de los problemas más apremiantes. "Nuestra labor es impulsar y generar consensos amplios para lograr la aprobación de unos presupuestos ambiciosos", declaró.
Bustinduy señaló que España destina apenas un 1,5% del PIB a medidas de protección a la familia y la infancia, un porcentaje significativamente inferior al gasto medio europeo del 2,4%. Además, mencionó ejemplos positivos en países como Alemania, Austria y Suecia, donde se han implementado prestaciones universales con éxito en la reducción de pobreza. "La universalidad implica menos cargas burocráticas y debe ir acompañada de reformas fiscales progresivas", añadió durante su intervención en Barcelona.
Antes del evento, Bustinduy se reunió con Mònica Martínez, consellera de Derechos Sociales e Inclusión. Este encuentro marcó su primer contacto formal y permitió discutir retos y oportunidades en el ámbito social actual. Ambos abordaron temas críticos como la atención e inclusión de personas con discapacidad y mejoras en las prestaciones para familias vulnerables.
Pablo Bustinduy defiende la necesidad de aprobar unos presupuestos ambiciosos que incluyan una prestación universal por crianza para reducir las altas tasas de pobreza infantil en España.
Según Bustinduy, esta prestación es crucial para que la crianza deje de ser una "carrera de obstáculos" y se convierta en un derecho de ciudadanía, llegando automáticamente a quienes más lo necesitan.
España destina solo un 1,5% del PIB para estas medidas, que es inferior al promedio de la Unión Europea, que es del 2,4%.
En su reunión, discutieron sobre la atención e inclusión de personas con discapacidad, la desinstitucionalización de cuidados y la mejora de prestaciones para familias vulnerables.