CRISIS POLITICA

Así se ha intentado defender Mazón

Víctor García | Viernes 15 de noviembre de 2024
En un intento por desviar su responsabilidad, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, ha lanzado una serie de acusaciones que no resisten un análisis mínimamente detallado.

Durante su intervención en les Corts, Mazón ha culpado repetidamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por no haber proporcionado la información necesaria sobre el barranco del Poyo. Sin embargo, estos señalamientos se basan en una premisa errónea, revelando un patrón de distorsión de la verdad.

El plan especial de inundaciones del Gobierno valenciano es claro: la vigilancia y el mantenimiento del barranco del Poyo, que no cuenta con presas de laminación, son responsabilidades de la Generalitat Valenciana, no de la CHJ. Esta aclaración fue ampliamente difundida, subrayando que la CHJ solo actúa como un ente de apoyo para verificar información cuando se solicita por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

A pesar de esto, Mazón insiste en una narrativa de "apagón informativo", afirmando que desde las 16:13 hasta las 18:43 no hubo comunicación efectiva. Ha mencionado específicamente que la CHJ no informó adecuadamente sobre el caudal del barranco, alcanzando 1.683 metros cúbicos por segundo, una cifra significativamente alta. Su argumento de que la CHJ debería haber alertado sobre el desbordamiento parece ignorar que, según la normativa, la responsabilidad de alertar a la población recae en la Generalitat.

Mazón ha expresado confusión y desacuerdo respecto a por qué la única comunicación fue un correo electrónico a las 18:43, sugiriendo que debería haber habido una alerta más contundente. Sin embargo, su discurso evita reconocer que la alerta enviada a las 20:11 fue en respuesta a otro riesgo, el de la posible ruptura de la presa de Forata, y no directamente por el estado del barranco del Poyo.

El intento de Mazón de trasladar la culpa a la CHJ no solo desvirtúa la verdad, sino que también refleja una tendencia alarmante en la política de desviar la atención de los propios errores hacia entidades gubernamentales incorrectas. Este caso pone en evidencia la necesidad de una comunicación transparente y precisa en momentos de crisis, donde la vida y la seguridad de las personas están en juego.

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