La estancia del ciberactivista Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres no fue tan idílica como cabía esperar. Resultado de ello, David Morales, director y propietario de la empresa encargada de proteger el lugar, ha sido detenido en Jerez de la Frontera y posteriormente puesto en libertad privisional.
Al parecer, los agentes registraron las oficinas de Undercover Global S.L., así como el propio domicilio de Morales. En una primera inspección se incautaron dos discos duros y documentación, mientras que en una segunda revisión se requisaron dos pistolas con la numeración borrada y 20.000 euros.
Pese a que la detención se produjo el pasado 17 de septiembre, no ha trascendido hasta ahora debido a que la investigación del juez José de la Mata, se encuentra bajo secreto de sumario.
Morales fue trasladado a Madrid, donde tras prestar declaración, fue puesto en libertad provisional, retirándole el pasaporte. Además, fuentes cercanas a la investigación apuntan a que se han embargado sus cuentas y se le ha impuesto la obligación de presentarse cada 15 días en sede judicial.
Estamos ante un exmilitar de la Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina, quien ya de forma oficial está siendo investigado por la justicia por "ordenar y llevar a cabo el espionaje de las comunicaciones de Assange".
También se le acusa de, presuntamente, haber entregado a los servicios de inteligencia de los Estados Unidos grabaciones de los cientos de visitas que el fundador de Wikileaks recibió en la Embajada de Ecuador en Londres.
La defensa de Julian Assange ha presentado una querella criminal contra Morales, quien está acusado de delitos contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado - cliente, así como de apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.
Durante la investigación, habrían sido dos los empleados de Undercover Global S.L. los que confirmaron que se les dio órdenes de "catalogar" como prioridad a los "ciudadanos rusos y norteamericanos" que visitaran a Assange.
Las instrucciones fueron enviadas por escrito a los trabajadores de Londres, quienes obedecieron enviando la información recabada a un servidor situado en Jerez de la Frontera, al que las mismas fuentes señalan que se podía acceder desde la CIA. Y es que las IP procederían de EE.UU., siendo una de ellas correspondiente a una empresa de seguridad relacionada con el FBI.
El objetivo no era otro que conocer qué ciudadanos norteamericanos estaban del lado del activista, así como conocer su nexo con la inteligencia rusa, acusada también de interferir en las elecciones presidenciales de EE.UU. en el año 2016.