Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo criminal de ámbito internacional, asentado en las provincias de Toledo y Madrid, presuntamente dedicado al tráfico ilegal de migrantes de origen sirio y argelino. Se les considera responsables de la entrada clandestina en España de al menos 70 personas a bordo de embarcaciones rápidas fletadas desde Argelia. Los migrantes pagaban a la organización hasta 10.000 euros por el traslado, la permanencia en nuestro país y el posterior tránsito a otros países europeos. Hay tres detenidos en la provincia de Toledo, entre los que se encuentra el líder de la organización que ha ingresado en prisión provisional, y se han intervenido, entre otros objetos, un fusil de asalto simulado y un machete de grandes dimensiones
La investigación que ha permitido la desarticulación de este grupo criminal se inició a raíz de una operación policial anterior, de la que su obtuvieron indicios suficientes de la existencia de una red asentada en las provincias de Toledo y Madrid dedicada al tráfico de migrantes desde Argelia a España.
Las diversas indagaciones llevadas a cabo por los agentes permitió constatar que esta organización, en perfecta coordinación con una célula matriz ubicada en Argelia, utilizaba embarcaciones rápidas para trasladar de manera clandestina a los migrantes, tanto sirios como argelinos, desde las costas de Argelia a las de Almería y Murcia. La ruta migratoria de los ciudadanos sirios tenía como punto de partida el aeropuerto de Beirut (Líbano) desde donde eran trasladados hasta Egipto. Desde allí se desplazaban a Libia y posteriormente a Túnez, hasta llegar finalmente a Orán (Argelia).
Las travesías, principalmente nocturnas para evitar ser detectadas, se realizaban en embarcaciones desprovistas de cualquier medida de seguridad, agua o comida, por lo que suponían un grave riesgo para la vida de los migrantes. Una vez en España, y con una coordinación meticulosa, eran trasladados por carretera hasta pisos de seguridad y hostales en las provincias de Toledo y Madrid, donde permanecían ocultos en pésimas condiciones hasta que eran transportados a otros lugares del territorio nacional u otros países europeos, principalmente Alemania.
La red cobraba por los servicios que ofrecía hasta 10.000 euros por migrante y no dudaban en ejercer la violencia contra aquellos que no abonaban la deuda contraída en el plazo acordado. Sus integrantes, con el fin de evitar el control y seguimiento policial, se movían por el territorio nacional con distintos documentos de identidad falsificados, habiéndose constatado que el cabecilla de la red habría usado hasta siete identidades distintas.