Durán, que ha sido la cabeza visible de la asesoría jurídica del PP, se encontraba en el centro de la controversia cuando se le acusó de destruir evidencia. A pesar de esto, no solo ha sido absuelto de dichas acusaciones, sino que ahora se le ve liderando la ofensiva legal contra el PSOE, lo cual ha generado un debate sobre la ironía y las implicaciones políticas de este movimiento.
La denuncia argumenta que el PSOE ha participado en actividades ilícitas de financiación que incluyen blanqueo de capitales, cohecho, y tráfico de influencias, basándose en testimonios anónimos y en el contexto de varios escándalos que han rodeado al gobierno en los últimos tiempos.
Desde el lado del PSOE, la respuesta ha sido de indignación, criticando la hipocresía de que alguien presuntamente involucrado en la destrucción de evidencia se convierta en acusador. Además, los socialistas han insinuado que esta denuncia podría ser una estrategia para desviar la atención de las investigaciones pendientes o recientes sobre el PP.
Esta situación refleja la tensión y el clima de acusaciones cruzadas entre los dos principales partidos políticos españoles, donde la política se entrelaza con la justicia de una manera que pone en tela de juicio la utilización, una vez más, de la Justicia. La denuncia del PP, firmada por una figura con un pasado tan controvertido, añade una dimensión adicional a la ya compleja dinámica política española.