La diputada nacional de VOX por Málaga, Patricia Rueda, ha presentado una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que exige al Gobierno que tome «medidas urgentes para evitar el impacto negativo del Real Decreto 933/2021 en la competitividad del sector hotelero español».
Este Real Decreto establece nuevas obligaciones para los establecimientos de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, que deberán registrar y comunicar de manera detallada los datos personales de los clientes a las autoridades.
Rueda ha recalcado que esta norma «no sólo impone una gran carga administrativa, sino que también obliga a las empresas a recabar datos sensibles de los clientes para el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska». Así, ha explicado la diputada que «se les pedirá no sólo el DNI o pasaporte, sino también información como la forma de pago, números de tarjeta de crédito, teléfono móvil o domicilio».
Esos datos, ha cuestionado Patricia Rueda, «¿también se los van a pedir a los inmigrantes ilegales que alojan en Torrox, por ejemplo, en los hoteles pagados por los españoles?». Y, dirigiéndose a Marlaska, le ha preguntado, alertando sobre la gravedad de la situación, «¿le va a exigir a los inmigrantes ilegales la misma información que a los turistas legales?».
Patricia Rueda ha advertido que «estas obligaciones, que han generado gran preocupación en el sector, afectan especialmente a las pequeñas y medianas empresas debido a la falta de infraestructura tecnológica adecuada y al incremento de la carga administrativa». La aplicación de esta normativa, ha continuado, «va a poner en una situación muy delicada a un sector fundamental para nuestra economía, afectando gravemente a su competitividad en comparación con otros países de la Unión Europea».
En su iniciativa parlamentaria, Rueda pide al Gobierno que aclare cómo va a garantizar que este Real Decreto no comprometa la competitividad del sector hotelero. «Es fundamental que el Ejecutivo explique qué medidas va a adoptar para asegurar que nuestras empresas no se vean penalizadas frente a sus competidores europeos», ha subrayado.
La diputada ha insistido en que «no hay que demorar ni retrasar, hay que paralizar la aprobación que han propuesto para el 2 de diciembre. La aprobación de un Real Decreto que todo el sector critica».
Finalmente, Rueda ha mostrado su preocupación por la inseguridad jurídica al «imponer normas y burocracia para los autónomos y empresas, demonizando al sector». Una situación que ha descrito como «Gran hermano para el honrado y manga ancha para los delincuentes», ha concluido.