Ecologistas en Acción presenta el estudio ‘Directo a tus hormonas. Residuos de plaguicidas en los alimentos españoles’, que analiza los datos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) sobre la presencia de plaguicidas en los alimentos vendidos en España en 2022 (últimos datos disponibles a fecha de hoy).
Aunque los datos de AESAN son poco representativos (solo 3,61 muestras por cada 100.000 habitantes, lo que sitúa a España a la cola de la UE en el número de muestras tomadas), permiten ver que los alimentos estaban contaminados con 106 plaguicidas diferentes. El 36% de las muestras tenían restos de una o más sustancias, porcentaje que aumenta hasta el 43% en el caso de frutas y verduras.
De los 106 plaguicidas detectados, 59 (incluido el DDT) fueron disruptores endocrinos, sustancias que afectan al sistema hormonal y que se relacionan con graves enfermedades; 32 fueron sustancias no autorizadas por la Unión Europea y 17 fueron plaguicidas candidatos a ser sustituidos debido a sus efectos cancerígenos, tóxicos para la reproducción, de disrupción endocrina o por cumplir dos de las tres siguientes características: persistencia, bioacumulación y toxicidad.
El elevado uso de plaguicidas expone a la población y al medio natural a pequeñas pero múltiples cantidades de sustancias sobre cuyo efecto combinado alerta la comunidad científica. El cóctel de sustancias queda patente en el 22% de las muestras, que presentaban contaminación múltiple con varios plaguicidas. Otro dato que visibiliza el cóctel tóxico es que los tomates españoles tuvieran residuos de 31 sustancias diferentes.
Al menos 97 plaguicidas tóxicos fueron liberados en cultivos españoles, poniendo en riesgo al medio natural y a las personas que cultivan y viven en las zonas cercanas.
La experiencia de las y los trabajadores de los invernaderos españoles queda plasmada en el cortometraje documental La voz del invernadero, realizado por el fotoperiodista Santiago Donaire y producido por Ecologistas en Acción, para hablar de una verdad incómoda, la de trabajadoras que enferman de bronquitis y Parkinson, entre otras enfermedades para alimentar a la población.
Kistiñe García, portavoz de la organización ecologista, ha declarado: “Las explotaciones agrarias deben respetar los derechos humanos de sus trabajadoras, darles la formación y las EPIS obligatorias y mantener prácticas de aplicación de fitosanitarios que se atengan a la ley. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está perdiendo una gran oportunidad: la de convertir a España en el productor de alimentos más saludables, en lugar de ser el segundo estado miembro en ventas de plaguicidas”.
“¿Hasta cuándo van a mirar las autoridades y la población hacia otro lado, ignorando la pérdida de salud, biodiversidad y la precaria situación de las y los trabajadores agrícolas por el excesivo uso de plaguicidas para producir alimentos?”, concluye García.