Nueve cargos en su contra por evasión fiscal fueron aceptados como culpables por Hunter Biden, quien es el hijo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Esta decisión le permitirá esquivar un juicio que podría ser extenso y potencialmente incómodo.
La declaración de culpabilidad ocurrió tras la objeción de los fiscales a su intento, que tuvo lugar más temprano ese mismo día, de presentar una declaración Alford. Este tipo de declaración permite que un acusado se declare culpable debido a la fuerza del caso en su contra, aunque al mismo tiempo sostiene su inocencia.
Lo que se conoce como una declaración abierta fue finalmente aceptado por Biden, en la cual un acusado admite su culpabilidad en todos los cargos y permite que el juez decida su sentencia, sin que haya una recomendación previa de los fiscales. Según informa NBC News, la sentencia se llevará a cabo el 16 de diciembre.
La acusación sostiene que Biden no ha pagado al menos 1,4 millones en impuestos federales. Según el documento, "el dinero se lo gastó en drogas, acompañantes y novias, hoteles de lujo y propiedades de alquiler, coches exóticos, ropa y otros artículos de carácter personal; en resumen, todo menos sus impuestos".
Un gran jurado federal presentó en diciembre acusaciones contra el hijo del presidente, señalándolo por tres delitos fiscales graves y seis menores. Entre estos cargos se encuentran la falta de presentación y pago de impuestos, evasión fiscal y la presentación de una declaración falsa.
Un acuerdo previo entre el hijo del jefe de Estado de EE.UU. y el Departamento de Justicia para declararse culpable había sido alcanzado, pero se desmoronó cuando un juez mostró escepticismo respecto a ciertos términos. La falta de consenso entre los abogados y fiscales resultó en que la oficina del asesor especial David Weiss presentara cargos contra Biden por posesión de armas en Delaware y por delitos fiscales ampliados en California.
Es importante mencionar que en junio de este año, Biden fue declarado culpable en un caso que no guarda relación con los cargos actuales por posesión ilegal de armas. El jurado determinó que había mentido acerca de no consumir drogas al realizar la compra de un revólver. En este contexto, podría enfrentar una pena de hasta 25 años de prisión y una multa que podría alcanzar los 250.000 dólares.