Higini Cierco ha dado el paso este mismo lunes, 15 de julio, y ha interpuesto una querella contra el que fuera jefe del Gobierno andorrano, Toni Martí, y los exministros Jordi Cinca y Gilbert Saboya. El ex máximo accionista de Banca Privada d'Andorra (BPA) antes de nacionalizarse señala al antiguo Ejecutivo de prevaricación continuada en el 'caso BPA'.
Tal y como señalan medios locales, la querella también se ha presentado contra el presidente y el director de la Agència estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (Areb), Albert Hinojosa y Òscar Gelabert, y contra la ex directora del Institut Nacional Andorrà de Finances (Inaf), Maria Cosan.
En el documento se alegan "presuntas arbitrariedades y omisiones intencionadas" en decisiones tomadas antes de publicarse la nota del 10 de marzo de 2015 del Financial Crimes Enforcement Network estadounidense (FinCEN) sobre el supuesto mal funcionamiento de la entidad.
En el texto se constata que Martí, primer responsable de todo lo acaecido a raíz de la nota, anunció ese día la intervención de BPA por parte del Inaf: "Este anuncio fue devastador para BPA y provocó, como ya es público y notorio, la expoliación, muerte y desmantelamiento de la entidad".
El ex jefe de Gobierno también habría sido, junto con sus ministros, "el promotor de la aprobación de la Ley 8/2015 del 2 de abril de medidas urgentes para implantar mecanismos de reestructuración y resolución de entidades bancarias", la conocida como 'Ley Areb'.
Cierco considera que esta medida fue "una ley exprés y ad hoc de aplicación en el 'caso BPA' que incluía una discriminación incomprensible e inaceptable dejando a los accionistas con menos de un 10% del capital del banco exonerados de la obligación de tener que amortizar y recapitalizar la entidad que se declaró inviable sin ni siquiera contemplar en ningún momento su posible reestructuración".
El que fuera máximo accionista de Banca Privada d'Andorra considera injustas las decisiones que se tomaron durante el proceso y a posteriori "para continuar perjudicando y acusando tanto a los antiguos propietarios de BPA como a muchos de sus trabajadores y clientes".
Higini Cierco defiende que tanto las cuentas como los mecanismos de funcionamiento de la entidad siempre los auditaron "organismos independientes" y se aprobaron "bajo supervisión estatal" por parte del Inaf o la Unitat d'Intelligència Financera d'Andorra (UIFAnd).
El escrito presentado ante la Batllia (juzgado de primera instancia e instrucción) exige que todos los querellados declaren y que los organismos presuntamente implicados aporten todas sus comunicaciones entre ellas o con el FinCEN o con autoridades españolas en este caso, y que se aporte el polémico informe en el que aseguraba "la existencia de cerca de un millar de cuentas o clientes que habrían blanqueado".