Según la ONU, 2018 fue el año de mayor violencia contra la prensa desde que se tenga registro, contabilizando unos 99 periodistas asesinados, 348 encarcelados y 60 tomados como rehenes. México, con nueve periodistas asesinados en 2018, es el país más peligroso entre aquellos sin conflicto bélico “oficial” porque, de hecho, está librando la atroz “guerra contra las drogas”. Nicaragua y Venezuela son sindicados como dos países con grandes conflictos. Según Freedom House, solo el 10% de la población mundial goza de un ambiente con plena libertad de prensa.
Por cierto, según un estudio reciente de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el crimen organizado global, desde las maras centroamericanas hasta las bandas que trafican con migrantes, es responsable del mismo número de muertos que todos los conflictos armados del mundo: casi 89.000 muertes causadas por criminales durante 2017, cifra similar a los fallecidos en todas las guerras activas. Siendo América Latina la región más violenta con 37% de los homicidios, en particular, Centroamérica que lidera el índice de homicidios: 62,1 por 100.000 habitantes.
Ahora, hay periodistas y dirigentes que abusan de los conceptos. Según Bloomberg, tres mil periodistas perdieron su empleo en 2019 en EE.UU. y la plantilla total de los medios de este país, que cuenta con la industria más potente del planeta, se redujo en un cuarto en la última década. Digo que abusan de los conceptos porque los hay quienes quieren ver en el achicamiento de los medios una especie de reducción en la libertad de expresión lo que es completamente falaz.
El hecho de que algunos medios tradicionales pierdan clientes dado el desarrollo de los medios digitales y las plataformas sociales no implica censura ya que nadie está coactivamente impidiendo la libre difusión. Por el contrario, estas plataformas han potenciado la capacidad de expresión del ciudadano común.
En cambio, la ley en camino de promulgarse en Francia al estilo de la de Alemania, “contra el odio y la violencia” sí implica censura. Los políticos pretenden que las plataformas de Internet, como Facebook o Twitter y motores de búsqueda, retiren en 24 horas contenidos en las redes que “inciten al odio, ya sea racial, religioso o por género, o incluso a la violencia”, bajo penas de multas de hasta € 1,25 millones.
Es decir, el Estado utilizaría su monopolio de la violencia -su poder de policía- para prohibir expresiones violentas. Semejante incoherencia, sin dudas, esconde censura.
En contraposición con esto, yerra el tribunal federal que dictaminó que Trump no puede bloquear a los usuarios que lo insultan en Twitter, la plataforma favorita del presidente que cuenta con 60 millones de seguidores. Trump no está ejerciendo violencia sobre estas personas, que pueden seguir expresándose libremente, solo está administrando su propiedad. En fin, veremos qué dice la Corte Suprema.
*Miembro del Consejo Asesor del Center on Global Prosperity, de Oakland, California