Un proyecto de ley que autoriza a las empresas a utilizar Bitcoin y otras criptomonedas para realizar transacciones internacionales ha sido aprobado por los legisladores rusos.
Este avance forma parte de la estrategia de Rusia para eludir las sanciones occidentales que se implementaron tras el comienzo de la operación militar especial en Ucrania. Además, la nueva legislación actualiza las normativas vigentes relacionadas con la minería de criptomonedas y la circulación de otros activos digitales, aunque continúa prohibiendo los pagos nacionales en criptomonedas.
La ley, que comenzará a aplicarse en septiembre, busca resolver los significativos retrasos en las transacciones internacionales de Rusia, sobre todo con sus principales socios comerciales: China, India y los Emiratos Árabes Unidos. Elvira Nabiullina, la gobernadora del Banco Central de la Federación Rusa, ha defendido con firmeza esta legislación y afirmó que antes de que finalice el año se llevarán a cabo las primeras transacciones de criptomonedas entre naciones en el país.
"Han aumentado los riesgos de sanciones secundarias. Esto complica el proceso de pago para las importaciones, lo que impacta en una gran variedad de productos", afirmó Nabiullina. Además, el banco central destacó que los retrasos en los pagos han sido un factor que ha llevado a una caída del ocho por ciento en las importaciones rusas durante el segundo trimestre de 2024.
A pesar de la implementación de diversas estrategias, como la utilización de las monedas locales de los socios comerciales y la creación de un sistema de pago alternativo dentro del bloque económico de los BRICS, estos retrasos continúan. La dependencia de muchas transacciones en dólares estadounidenses y euros de la Unión Europea persiste, siendo procesadas a través del sistema SWIFT, que está bajo control occidental. Esto incrementa el riesgo de sanciones secundarias y provoca más demoras.
Nabiullina destacó que los pagos de importaciones se han visto perjudicados por estas sanciones, lo que ha intensificado los problemas en las cadenas de suministro y ha incrementado los costos. Con el objetivo de mitigar las dificultades económicas generadas por las sanciones, esta decisión tomada por los legisladores rusos pretende asegurar un funcionamiento más fluido del comercio internacional.