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Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Fiscalía Europea, por participar en una organización criminal que evadía el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. Estas condenas se suman a las cuatro previas, con un total de fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. La investigación reveló una compleja red criminal que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos, utilizando a personas en situación vulnerable como testaferros para eludir impuestos y distorsionar la competencia en el mercado.