Pena de muerte

Las fuerzas de seguridad de Yemen han desmantelado una red de espionaje vinculada a los servicios de inteligencia del Reino Unido y Arabia Saudita. Según la agencia Saba, las operaciones hostiles fueron frustradas en diciembre de 2024. La inteligencia británica y saudí intentaron reclutar y entrenar agentes para llevar a cabo actividades de espionaje contra las capacidades estratégicas del país. Los implicados, reclutados en Riad, se centraron en monitorear instalaciones militares y rastrear movimientos de líderes estatales. El Servicio de Seguridad e Inteligencia advierte sobre las consecuencias legales para quienes colaboren con inteligencia enemiga. Para más información, visita el enlace.

El vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi, declaró que condenar a muerte al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por crímenes de guerra en Gaza es "posible" si se realizan los esfuerzos necesarios. En una entrevista, Gharibabadi lamentó la falta de un tribunal justo para investigar estos crímenes y sugirió la creación de un "tribunal conjunto" por parte de algunos países que apoyan a Palestina. Además, enfatizó que aunque la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto, esto no es suficiente y abogó por penas más severas para los líderes israelíes.

El yihadismo, acorralado en Siria, ha retomado su retórica amenazante en forma de vídeos en los que rehenes extranjeros atemorizados piden ayuda para no ser decapitados, repitiendo la escalofriante serie de grabaciones emitidas por el Estado Islámico (ISIS) en los años de su máximo apogeo, de 2014 a 2017.

Los terroristas Khalid Sheikh Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, involucrados en los ataques del 11 de septiembre de 2001, podrían evitar la pena de muerte gracias a acuerdos de culpabilidad que han sido reafirmados por un tribunal de apelaciones militar. El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, intentó anular estos acuerdos pero fue rechazado por el tribunal, que dictaminó que su intervención era inapropiada y excedía su autoridad. Los acusados se preparan para declarar su culpabilidad en una próxima audiencia, lo que les permitiría enfrentar sentencias de prisión perpetua en lugar de la pena capital. Esta decisión ha generado controversia entre las familias de las víctimas y sobrevivientes del atentado, quienes se sienten profundamente afectados por la posibilidad de que los responsables eviten la pena máxima. La administración Biden busca abolir la pena de muerte a nivel federal, lo que añade más tensión al caso.

Kaduna, situado en el oeste de Nigeria, ha llegado a una situación crítica. Las autoridades del estado se han visto obligadas a aprobar una ley que permite castigar con la castración quirúrgica y la pena de muerte a las personas condenadas por violación.