Leyes

Ty y Charlene Bollinger han presentado una demanda contra el gobierno de EE. UU. y grandes corporaciones tecnológicas, alegando esfuerzos coordinados para suprimir puntos de vista alternativos. La demanda expone la colaboración entre agencias gubernamentales, ONGs como CCDH y empresas tecnológicas para silenciar voces que desafían las narrativas oficiales, mencionando específicamente la lista de los "Doce de Desinformación". Webseed y Brighteon Media también han demandado, acusando al gobierno y a las empresas tecnológicas de orquestar una vasta operación de censura, especialmente en temas relacionados con la salud como COVID-19. Los demandantes argumentan que estas acciones constituyen un ataque directo a la Primera Enmienda y a la libre expresión, buscando preservar el discurso en línea y la diversidad de opiniones necesarias para una toma de decisiones informada. Estas demandas podrían establecer nuevos estándares para la libertad de expresión en la era digital, desafiando el "Complejo Industrial de Censura" que intenta controlar el flujo de información.

El presidente del PP anuncia una docena de compromisos para aplicar en el primer semestre de la legislatura europea. “Ante la parálisis del Gobierno, necesitamos una reacción a todos los niveles”, señala Feijóo sobre la que será la “hoja de ruta” del PP para los próximos meses.

Dinamarca está proponiendo nuevas leyes para prohibir la quema del Corán en público, castigando este acto con hasta dos años de prisión. La medida ha generado reacciones violentas y preocupaciones sobre el resurgimiento de las leyes de blasfemia en Europa. El gobierno danés argumenta preocupaciones de seguridad nacional y desea enviar una señal al mundo. Por otro lado, Suecia se muestra indecisa ante los incendios debido a las leyes de libertad de expresión. La Organización de Cooperación Islámica ha pedido medidas apropiadas contra los países donde se profana el Corán.

El medio galo 'France 24' dio la voz de alarma el pasado año al afirmar que el Gobierno de España podría aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Nacional, que al parecer serviría para responder a emergencias del futuro, basándose en las enseñanzas aprendidas con la pandemia del Covid-19.