Justicia Argentina
28/03/2025@20:45:05
La Cámara Federal de Casación Penal ha rechazado el último recurso de Cristina Fernández de Kirchner, lo que podría llevarla a cumplir una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta. Este fallo marca un momento crucial en la lucha contra la corrupción en Argentina, ya que se considera que su gestión causó un daño económico al Estado de $85.000 millones. A pesar de sus intentos por evitar la condena y buscar inmunidad política, el tiempo se agota para la ex presidenta, quien enfrenta la posibilidad de ser encarcelada el próximo martes. Además, el Departamento de Estado de EE.UU. ha prohibido su entrada al país debido a su implicación en una red de corrupción internacional. La situación actual resalta la importancia de la justicia en casos de corrupción y la creciente presión pública por sanciones ejemplares.
Justicia Argentina
La noticia "La Justicia kirchnerista: Jueces a dedo y una impunidad garantizada" analiza la manipulación del Poder Judicial en Argentina bajo el kirchnerismo, destacando cómo desde el año 2000 se ha socavado la independencia judicial. Se menciona la designación de jueces afines al poder político, lo que ha llevado a una falta de justicia efectiva y a la impunidad para funcionarios involucrados en corrupción. El artículo critica el papel del Consejo de la Magistratura y el Senado en este proceso, subrayando la necesidad urgente de una reforma judicial que asegure un sistema imparcial y libre de influencias políticas. Para más detalles, visita el enlace original.
Cooperación internacional contra crímenes de guerra en Europa
Iniciativa para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra crímenes graves y garantizar justicia a las víctimas en contextos de conflicto
Eurojust ha lanzado un nuevo proyecto destinado a fortalecer la cooperación con países fuera de la Unión Europea para combatir la impunidad por crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Este proyecto busca reducir los 'refugios seguros' para los perpetradores de estos delitos internacionales. La iniciativa incluye colaboración con organizaciones de la sociedad civil y tiene como objetivo ayudar a estas entidades a coordinar esfuerzos con las autoridades judiciales en un contexto global marcado por el aumento de conflictos armados. La Eurojust Vice-Presidenta, Margarita Šniutytė-Daugėlienė, destacó la importancia de esta colaboración amplia para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. El proyecto, financiado por la Comisión Europea, se implementará durante cuatro años y se centrará en mejorar las capacidades de las organizaciones y autoridades nacionales para trabajar juntas en pro de la justicia.
Denuncias falsas
Los juzgados de Montevideo enfrentan un aumento alarmante de denuncias falsas de violencia de género, según la ley 19.580, aprobada en 2017. Esta normativa ha sido criticada por su falta de garantías y por facilitar que cualquier persona pueda presentar una denuncia sin necesidad de pruebas sólidas. Las organizaciones feministas han promovido esta ley con la intención de proteger a las mujeres, pero se ha convertido en una herramienta que perjudica a hombres inocentes, quienes son criminalizados sin justificación. Los jueces, aunque a menudo reconocen la falsedad de las denuncias, deben seguir el procedimiento legal establecido. La impunidad para quienes hacen acusaciones falsas se ve reflejada en el artículo 56 de la ley, que protege a las denunciantes incluso si mienten. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la justicia y los derechos de los varones en Uruguay.
El 2023 se convirtió en el más mortífero para quienes ayudan a otros en momentos de necesidad, carencias y aflicción. Gran parte de ese triste récord se debe al conflicto en Gaza y los bombardeos del Israel sobre la Franja. Otros conflictos que también han costado la vida de los trabajadores humanitarios han sido los de Sudán y Sudán del Sur.
La formación liderada por Santiago Abascal ha puesto todas las armas jurídicas sobre la mesa para evitar su aprobación: inadmisión a trámite, conflicto institucional, solicitud de informes... Incluso se ha querellado contra los responsables de su admisión en el Congreso.
Un Comité de Derechos Humanos anota distintos avances por parte de las autoridades mexicanas, sin embargo observa un importante número de obstáculos y se muestra preocupado especialmente por la impunidad que sigue facilitando que haya desapariciones.
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Apoyo internacional
España destaca la importancia de la Corte Penal Internacional en el contexto actual de conflictos y víctimas civiles, reafirmando su compromiso con la justicia global
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se reunió con el vicepresidente de la Corte Penal Internacional, Salvatore Aitala, para expresar el firme apoyo de España al tribunal en su lucha contra la impunidad y en el mantenimiento de la paz internacional. Albares destacó la importancia de la Corte ante el aumento de conflictos y víctimas civiles en todo el mundo. Además, reafirmó el compromiso financiero de España con contribuciones que superan los seis millones de euros en 2023 y más de dos millones en 2024. España también firmó una declaración conjunta con cerca de ochenta países para defender la independencia e integridad de la Corte frente a sanciones que amenazan su funcionamiento.
Luto nacional
La Asamblea Nacional de Ecuador ha declarado el 8 de diciembre como Día de Luto Nacional en memoria de cuatro menores asesinados en Guayaquil. La decisión, aprobada con 92 votos a favor, busca honrar a Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Saúl Arboleda y Steven Medina, quienes fueron víctimas de desaparición forzada y brutal asesinato. La resolución enfatiza la necesidad de justicia y reparación para las familias afectadas, y la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, se comprometió a luchar contra la impunidad. Este día servirá para recordar la lucha por la justicia y los derechos humanos en Ecuador.
Reporteros Sin Fronteras (RSF) presenta su cuarta denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra cometidos por el Ejército israelí en Gaza: "La protección de los periodistas empieza por la lucha contra la impunidad".
Expertos en derechos humanos señalan que muchas personas de ascendencia africana y latinoamericana fueron detenidas sin motivo razonable y torturadas para que firmaran confesiones de delitos muy graves, incluido el homicidio. Además, persisten tanto las barreras sistémicas que les impiden acceder a los procedimientos para demostrar su inocencia y obtener reparación, como la impunidad.
La secretaria general del PP y portavoz en el Congreso remarca que “la ley de amnistía no se ha hecho buscando la convivencia sino la conveniencia, y lo que ha traído es discordia social”.
Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos atribuyeron la falta de avances a una combinación de factores que incluye “un marco legislativo inadecuado, debilidad institucional y falta de coordinación, capacidades y recursos, junto a la inseguridad, la colusión y la corrupción”.
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