El gobierno francés destinará 200 millones de euros para financiar la destrucción de la producción excedente de vino, con el objetivo de apoyar a los productores en dificultades y estabilizar los precios. La región vitivinícola de Burdeos ha sido especialmente afectada por la caída en la demanda y los cambios en los patrones de consumo. Empresas podrán comprar el alcohol del vino destruido para utilizarlo en productos no alimenticios. Además, se destinan fondos públicos para incentivar a los viticultores a cambiar a otros productos. La industria del vino también se ha visto afectada por la pandemia de Covid-19 y los cambios en los precios mundiales de la energía.
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