Fraude

La Fiscalía Europea ha presentado una acusación en Bucarest contra un ciudadano rumano y una empresa por fraude relacionado con un proyecto de desarrollo del Delta del Danubio, cofinanciado por la UE. Se investiga el uso de documentos falsificados para obtener aproximadamente 593,000 euros de fondos europeos y 104,000 euros del presupuesto nacional. Si son declarados culpables, los implicados podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años y multas significativas. La EPPO es responsable de proteger los intereses financieros de la Unión Europea.

Seis personas, incluido el exalcalde de Beceni en Rumanía, han sido acusadas de fraude y corrupción por la Fiscalía Pública Europea (EPPO). El caso se refiere a dos proyectos financiados por la UE para desarrollar campos deportivos y rehabilitar un edificio como centro multifuncional. Se investiga que entre 2019 y 2021, el exalcalde presentó documentos falsos para obtener ilegalmente unos 200,000 euros. Además, se le acusa de abuso de poder y soborno. Si son declarados culpables, los acusados podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y diez años. La EPPO se encarga de investigar delitos contra los intereses financieros de la UE.

Tres personas han sido condenadas en el marco de la investigación 'Cheap Ink', liderada por la Fiscalía Europea, por participar en una organización criminal que evadía el IVA en la venta de cartuchos de tóner y suministros de oficina. Estas condenas se suman a las cuatro previas, con un total de fraude estimado en 58 millones de euros. Los jueces del Tribunal de Padua impusieron penas de hasta nueve años de prisión. La investigación reveló una compleja red criminal que involucraba a más de 100 sospechosos y empresas en varios países europeos, utilizando a personas en situación vulnerable como testaferros para eludir impuestos y distorsionar la competencia en el mercado.

Una mujer residente en Manresa (Barcelona), estuvo a punto de caer en una estafa telefónica cuando recibió un mensaje de texto supuestamente proveniente del banco BBVA alertándola sobre un cargo de 900 euros en su cuenta. El mensaje instruía a la mujer a hacer clic en un enlace para evitar el cobro.

Red.es -entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública- ha suspendido cautelarmente, por indicios de fraude y a requerimiento policial, la presencia del dominio de internet ayudavalencia.es.

La Fiscalía Europea ha presentado cargos de fraude contra cuatro personas en Bulgaria, relacionadas con un proyecto de diseño y construcción de sistemas de señalización y telecomunicaciones en la red ferroviaria del país. El proyecto, que abarca la sección ferroviaria entre Plovdiv y Burgas, tiene un valor superior a 94,5 millones de euros financiados por la UE. Los acusados incluyen a dos gerentes de una empresa italiana y al gerente de una empresa búlgara del consorcio que ganó el contrato. Se les acusa de haber presentado información falsa para obtener fondos europeos ilegalmente. Además, se impuso una fianza a tres de los acusados y se prohibió la salida del país al gerente búlgaro. La investigación revela que las empresas no contaban con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, lo que llevó a la firma de un acuerdo con un subcontratista previamente excluido del proceso de licitación. Todos los involucrados son considerados inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en los tribunales búlgaros.

La fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, ha ordenado una investigación sobre Sara Netanyahu, esposa del primer ministro Benjamin Netanyahu, por presuntas manipulaciones de testigos durante el juicio de corrupción de su marido. Se le acusa de intentar influir en un testigo y hostigar a oponentes políticos. La investigación se inició tras un informe del Canal 12 que reveló mensajes de WhatsApp donde Sara supuestamente instruía a un exasistente para organizar protestas contra adversarios y intimidar a testigos clave. Benjamin Netanyahu defiende a su esposa, calificando las acusaciones como ataques infundados. Este caso se suma a los problemas legales previos de Sara, quien en 2019 admitió haber malversado fondos públicos.

El Tribunal de Cuentas Europeo ha alertado sobre la existencia de fraudes que utilizan su nombre y logotipo para engañar a los ciudadanos. Estas estafas incluyen facturas falsas solicitando pagos por multas inexistentes y ofertas de recuperación de fondos robados a cambio de honorarios. Se han creado sitios web fraudulentos que imitan al oficial, con diferentes datos de contacto. El Tribunal aclara que nunca solicita dinero a los ciudadanos y aconseja no enviar información personal ni realizar pagos si se sospecha de un fraude. Para verificar la autenticidad de cualquier comunicación, se puede contactar directamente con el Tribunal.

Las redes sociales en ocasiones se pueden convertir en fuente de entrada para la difusión de estafas; en estos casos, los ciberdelincuentes las utilizan para ofertar artículos llamativos que no existen o para redirigir a páginas web fraudulentas. Hay que ser precavidos ante ofertas de artículos populares con grandes descuentos, ya que los estafadores suelen crear sitios falsos de comercio electrónico que desaparecen después de recaudar el dinero de sus víctimas.

El entramado desarrolló un sistema para la obtención de citas previas “on line” de trámites de extranjería utilizando para ello bloqueos mediante “bots” en un servidor informático de la administración. La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional.

El Tribunal Supremo rechaza dos querellas contra la ministra de Hacienda al considerar que no reveló ningún dato reservado de la pareja de la presidenta de la Comunidad Madrid. Las mismas consideraban que esas declaraciones implicaban que la querellada accedió sin autorización y se apoderó de datos personales y reservados.