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El "Cancer Gag Act" propuesto en Iowa busca proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas relacionadas con riesgos para la salud, lo que genera preocupación entre los agricultores y defensores de la salud pública. Iowa enfrenta la segunda tasa más alta de nuevos casos de cáncer en EE. UU., y muchos creen que el uso intensivo de pesticidas, como el glifosato, está contribuyendo a esta crisis. Los críticos argumentan que esta ley otorgaría inmunidad a las corporaciones, impidiendo que las personas demanden incluso si sus productos están vinculados a enfermedades graves. La controversia ha llevado a movilizaciones en el Capitolio estatal, donde ciudadanos exigen responsabilidad y transparencia en la regulación agrícola. La lucha por los derechos de los agricultores y la salud pública se intensifica en medio de este debate legislativo crucial.

La EPA ha advertido que el lodo de alcantarillado utilizado como fertilizante en tierras agrícolas contiene peligrosos «químicos eternos» (PFAS), que representan riesgos para la salud, incluyendo cáncer. Los niveles de PFAS en el lodo superan los umbrales de seguridad, contaminando el suelo, agua y alimentos como leche, carne y huevos. Anualmente se aplican más de 2 millones de toneladas de lodo, con una contaminación que persiste durante décadas. A pesar de las alarmantes evidencias, la EPA no ha regulado adecuadamente los PFAS en el lodo, lo que ha llevado a críticas por inacción. Algunos estados han comenzado a prohibir el uso de lodo en la agricultura, mientras expertos destacan la necesidad de reducir los PFAS en productos y aguas residuales para abordar la raíz del problema. La situación exige una acción rápida por parte de la EPA para proteger la salud pública y el medio ambiente.

El Congreso de EE. UU. está impulsando el proyecto de ley HSB 737, que otorgaría inmunidad legal a los fabricantes de pesticidas, protegiéndolos de demandas por daños a la salud causados por sus productos químicos tóxicos. Este movimiento se asemeja a la estrategia utilizada por la industria farmacéutica para protegerse de litigios relacionados con las vacunas. La legislación ha sido recomendada para su aprobación en el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, lo que podría limitar los derechos legales de los agricultores afectados. Activistas advierten sobre el vínculo entre el uso de pesticidas y enfermedades graves como el cáncer, mientras que compañías como Bayer enfrentan miles de millones en demandas relacionadas con sus productos.

Un asesor de la EPA ha admitido que la agencia está canalizando miles de millones de dólares hacia organizaciones climáticas antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia. En una grabación encubierta, Brent Efron, asesor especial, reveló que este movimiento se considera una "póliza de seguro" contra un posible recorte de fondos por parte del nuevo gobierno. Según Efron, se han distribuido más de 100 mil millones en subvenciones gracias a la Ley de Reducción de Inflación de Biden, y el objetivo es asegurar que los proyectos climáticos continúen a pesar del cambio en la administración. La situación ha generado críticas sobre el uso del dinero público y el papel de la EPA en este contexto.

La EPA está siendo acusada de implementar un "seguro" contra la administración de Trump, lo que implica el desvío de miles de millones a organizaciones climáticas. Un informe de Project Veritas revela que Brent Efron, asesor especial de la EPA, admitió que los empleados están apresurándose a distribuir fondos antes de un posible cambio en el liderazgo. La agencia gastó $50 mil millones en iniciativas climáticas el año pasado y ha otorgado $100 mil millones en subvenciones desde 2021. Este movimiento ha generado preocupaciones sobre la transparencia y el uso del dinero público, mientras se intensifica el debate sobre la agenda ambiental bajo una posible presidencia de Trump. Para más detalles, visita el enlace.

La noticia destaca la reciente orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que instruye a la EPA a reevaluar la legalidad del Hallazgo de Peligro, un paso hacia la desmantelación de regulaciones ambientales federales. Aunque el Acta de Aire Limpio de 1963 no incluía el dióxido de carbono (CO2) como contaminante, una decisión de la Corte Suprema en 2007 permitió su regulación. El Hallazgo de Peligro, establecido en 2009, ha sido criticado por basarse en datos defectuosos y ha generado preocupaciones sobre el costo energético y la estabilidad de la red eléctrica. La reciente decisión de la Corte Suprema refuerza la necesidad de autorización clara del Congreso para acciones significativas, lo que podría desafiar este hallazgo. La reevaluación se considera crucial para mejorar la competitividad económica de EE. UU. y enfocar las políticas en riesgos reales para la salud pública.

Un informe de la EPA alerta sobre los peligros de los químicos PFAS, conocidos como "químicos eternos", en el lodo de alcantarillado utilizado como fertilizante agrícola. Estos compuestos tóxicos pueden contaminar cultivos, ganado y agua potable, persistiendo en el medio ambiente durante décadas. La exposición a PFAS como PFOA y PFOS está relacionada con graves problemas de salud, incluyendo cáncer y daño hepático. A pesar de casos alarmantes de contaminación en granjas, la EPA no ha establecido límites reguladores claros para estos químicos en el lodo. Los críticos exigen una acción federal urgente para proteger la salud pública y evitar más contaminación. Para más información, visita el enlace.

La administración de Biden ha realizado la primera arresto en Estados Unidos por un delito relacionado con el cambio climático, marcando un hito en la aplicación de leyes ambientales. Esta acción se produce en el contexto de nuevas medidas de cumplimiento por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), que ha incrementado su personal y las sanciones económicas. Un hombre de California fue detenido por presuntamente introducir refrigerantes dañinos para el clima al país, violando una ley que prohíbe la importación de hidrofluorocarbonos sin permisos específicos. La EPA reporta un aumento significativo en casos civiles y penales relacionados con el medio ambiente, reflejando un compromiso renovado del gobierno para combatir el cambio climático y proteger las comunidades vulnerables. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

La administración Biden ha realizado la primera arresto en Estados Unidos por un delito relacionado con el cambio climático, lo que podría abrir la puerta a más detenciones de ciudadanos que se oponen a su agenda de "Net Zero". La Agencia de Protección Ambiental (EPA) ha intensificado sus esfuerzos de cumplimiento, incorporando 300 nuevos empleados y aumentando las multas impuestas. El caso involucra la importación ilegal de hidrofluorocarbonos, gases de efecto invernadero prohibidos por una ley de 2020. Este arresto forma parte de un enfoque más amplio para combatir el cambio climático y proteger comunidades vulnerables.

• La temporalidad supera ya el 30 por ciento, más de 10 puntos por encima del sector privado: durante la pandemia se han realizado 140.900 contratos temporales.
• Uno de cada cuatro contratos temporales que se realizan en España son en las administraciones públicas.