Tras el veredicto emitido por el jurado popular, en el que se apreció la atenuante de confesión, el fiscal había solicitado una pena de 20 años, mientras que la defensa había pedido 10.
La prófuga había cambiado su aspecto físico tiñéndose el pelo y hacía uso de documentación falsa que obtuvo en el mercado negro por más de 1.000 dólares. La arrestada presuntamente asesinó con varias cuchilladas al encargado de la ferretería donde trabajaba después de mantener una acalorada discusión con él.
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