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Meta y Amazon han decidido finalizar sus programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) antes de la inauguración de Donald Trump. Esta decisión se alinea con un movimiento más amplio en el ámbito corporativo estadounidense, donde varias empresas están reduciendo iniciativas de contratación y capacitación criticadas por conservadores debido a riesgos legales y políticos. Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, también ha cancelado un programa de verificación de hechos que fue objeto de críticas por parte del presidente electo. Amazon, por su parte, está descontinuando programas relacionados con la representación y la inclusión, buscando enfocarse en iniciativas con resultados comprobados. Este cambio refleja una tendencia creciente entre grandes corporaciones como McDonald's, Ford y Walmart que han abandonado o reducido sus programas DEI en los últimos meses.

Un informe revela que la jueza Katharine H. Parker, encargada del caso de Luigi Mangione, está casada con un exejecutivo de Pfizer y posee inversiones significativas en la industria farmacéutica, lo que plantea preocupaciones sobre posibles conflictos de interés. La jueza tiene acciones valoradas entre 50,000 y 100,000 dólares en Pfizer, así como participaciones en otras grandes empresas de salud y tecnología. Su esposo continúa recibiendo una pensión de Pfizer, lo que agrava las dudas sobre su imparcialidad. Parker no presidirá el juicio por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Meta Platforms, led by Mark Zuckerberg, has made a significant political move by donating $1 million to President-elect Donald Trump's inaugural committee. This donation marks a stark contrast to the company's previous stance, which included banning Trump from its platforms in 2021. Analysts suggest this shift may be a strategic effort by Meta to align with the incoming administration for favorable regulatory treatment. In a similar vein, Amazon has also announced a $1 million donation and an additional in-kind contribution by streaming the inauguration on Prime Video. These actions indicate a potential realignment of corporate political strategies amidst changing dynamics in Washington, raising questions about the implications for public trust and corporate governance.

Amazon y Meta Platforms han donado $1 millón cada uno al fondo de inauguración de Trump, generando controversia en Washington. Estas contribuciones se producen tras las críticas de Trump a la industria tecnológica y posibles amenazas regulatorias. Los expertos sugieren que estas donaciones podrían interpretarse como un intento de evitar represalias del gobierno, especialmente en temas relacionados con el monopolio y la moderación de contenido. La situación plantea preocupaciones éticas sobre la influencia corporativa en el gobierno, especialmente con el nombramiento de figuras conservadoras en roles regulatorios clave. La relación entre las grandes empresas tecnológicas y la administración entrante será un tema central en el debate sobre la regulación tecnológica en los próximos años.

Amazon workers at seven U.S. facilities staged a historic strike during the 2024 holiday shopping season, organized by the International Brotherhood of Teamsters. The striking employees demanded higher wages, better health benefits, and improved safety measures, citing Amazon's record profits as justification for their requests. This significant labor action highlights the ongoing tensions between Amazon and its workforce regarding unionization efforts and working conditions. Despite the strike's scale, Amazon's operations were largely unaffected due to its extensive logistics network. The event has sparked renewed discussions about labor rights in e-commerce, with unions like the Teamsters planning to expand their organizing efforts. As worker activism grows across various sectors, the future of labor rights in the digital age remains uncertain.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, ha mostrado interés en privatizar el Servicio Postal del país debido a sus pérdidas financieras multimillonarias y desequilibrios fiscales. Según The Washington Post, Trump discutió esta opción con Howard Lutnick, su candidato para secretario de Comercio. En el último año fiscal, el servicio postal reportó una pérdida de 9.5 mil millones de dólares, lo que ha generado preocupaciones sobre su sostenibilidad financiera. La privatización podría tener un impacto significativo en diversas industrias y en la economía en general, especialmente en el comercio electrónico. La propuesta destaca la necesidad de abordar los desafíos financieros del USPS en un entorno competitivo. Para más detalles, visita el enlace.