El Consejo de Ministros ha abordado el anteproyecto de ley orgánica para garantizar la protección de los derechos de los menores en el ámbito digital, en especial el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, así como la protección de sus datos personales y el acceso a contenidos adecuados para su edad. El texto se remitirá a los órganos consultivos para que emitan sus informes preceptivos. El Gobierno tiene previsto su remisión a las Cortes después del verano.
El Ejecutivo también ha analizado hoy un informe de diagnóstico sobre este asunto presentado por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que recoge las aportaciones del comité de expertos que está colaborando en la elaboración de la estrategia nacional sobre la protección de la infancia y la adolescencia en el entorno digital, que se aprobará en otoño y se revisará cada tres años.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha recordado que ambas normas responden al compromiso asumido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de impulsar un gran acuerdo de país para proteger a los menores en el entorno digital.
Principales líneas de actuación
Félix Bolaños ha avanzado que la futura ley contiene medidas para la prevención y formación en competencias digitales de los menores, sus familias y de los profesionales que tienen contacto con ellos, como los docentes y los sanitarios. Además, incluye modificaciones en el Código Penal para tipificar determinados delitos que se cometen en el entorno tecnológico y refuerza el control parental y verificación de la edad de las personas que acceden a las webs y a las redes sociales.
Entornos digitales seguros
El ministro ha detallado que los poderes públicos estarán obligados a hacer campañas de sensibilización sobre los derechos de los menores en el ámbito digital y los riesgos asociados a este entorno. Impulsarán espacios de encuentro donde los menores puedan desarrollar actividades lúdicas y de ocio saludable, al margen de los entornos digitales y las redes sociales.
En el ámbito sanitario, la futura ley incluye medidas para la detección precoz, la prevención y la atención especializada de menores con patologías relacionadas con el uso inadecuado de herramientas digitales. En el ámbito educativo se fomentará la educación en ciudadanía digital, alfabetización mediática, privacidad, protección de datos y propiedad intelectual.
Adaptación del marco legal frente a nuevas modalidades delictivas
Bolaños ha remarcado que la norma modificará el Código Penal para poder sancionar, incluso desde el punto de vista penal, las conductas inapropiadas que se están produciendo en el entorno digital.
Le futura ley tipifica como delitos los 'deep fakes pornográficos', es decir, la difusión de imágenes o audios que puedan parecer reales, pero han sido generadas por inteligencia artificial u otras tecnologías y simulan situaciones de contenido sexual o vejatorias, sin autorización del afectado. También tipifica como delitos el "grooming" o engaño a menores en línea y la difusión de material pornográfico a menores.
El texto regula asimismo el alejamiento online para que los agresores condenados no puedan contactar con la víctima por medios digitales.
Obligaciones para las empresas del sector tecnológico
El ministro ha recordado que el presidente del Gobierno se reunió el 4 de marzo con las principales empresas tecnológicas que operan en España y les propuso colaborar en la aplicación de medidas para proteger a los menores en el entorno digital.
Así, la futura ley establece que los fabricantes deberán asegurar que los dispositivos digitales cuenten con control parental activado por defecto y con un etiquetado informativo sobre sus riesgos. Del mismo modo, tendrán que implementar sistemas de verificación de edad efectivos.
Félix Bolaños ha añadido que las plataformas de intercambio de videos deberán tener un enlace directo al canal de denuncias y a los sistemas de control parental accesibles para cualquier usuario. La norma prohíbe el acceso de los menores de edad a mecanismos aleatorios de recompensas de pago en videojuegos y plataformas (loot boxes) y obliga a los 'influencers' a sumarse a las medidas de protección a menores. Además, eleva de 14 a 16 años la edad mínima a la que se pueda dar consentimiento al tratamiento de datos personales.
El ministro ha concluido señalando que España quiere liderar el debate en la Unión Europea sobre esta materia y aboga por lograr una regulación homogénea en todos los países.
Fiscalidad empresarial más justa
El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de ley para trasponer la directiva europea que garantiza una imposición mínima global del 15% para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión Europea. El texto cumple con el acuerdo que se alcanzó en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -ratificado ya por más de un centenar de países-- para luchar contra el traslado de los beneficios de los grandes grupos multinacionales a lugares de menor fiscalidad.
"Se trata de avanzar hacia un orden fiscal internacional más justo, a ser posible armonizado, basado en la idea que siempre ha defendido este Gobierno: que quien más gana, más debe contribuir al conjunto de la sociedad", ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La vicepresidenta ha destacado la importancia de la justicia fiscal como base para el desarrollo de la justicia social y el Estado del bienestar, así como la necesidad de la cooperación internacional para lograr avances en un mundo cada vez más globalizado.
Montero ha recordado que España lideró, en el marco de la OCDE, los trabajos preparatorios para adoptar medidas contra la "planificación fiscal agresiva" de las grandes compañías y ha sido un actor relevante en la consecución del mayor consenso posible. La responsable de Hacienda ha subrayado también que España puso en marcha de manera pionera algunas de esas políticas fiscales, como el tipo mínimo del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para grandes empresas establecido en el año 2022.
En esa misma línea, Montero ha citado los gravámenes a grandes empresas de determinados servicios digitales, sobre transacciones financieras y a las energéticas y los bancos con beneficios récord por el aumento de los precios de la energía y de los tipos de interés. La recaudación obtenida con esas figuras fiscales ha posibilitado, a su vez, rebajar el IVA de la energía y de los alimentos básicos, que tienen más peso en el consumo de los colectivos vulnerables. "Recaudamos por una parte y dejamos de recaudar en la que afecta a la gran mayoría de la población", ha dicho Montero, que ha descrito la política fiscal del Ejecutivo como "responsable" y basada en los acuerdos y las recomendaciones internacionales.
Tipo mínimo global impositivo
El proyecto de ley establece un tipo mínimo global impositivo para grupos empresariales multinacionales o grupos nacionales de gran magnitud cuya cifra de negocio supere los 750 millones de euros. La norma persigue evitar que las empresas desplacen beneficios a territorios de baja o nula tributación, algo que perjudica a los ingresos de los Estados miembros y conduce a una espiral en la que los países se ven obligados a reducir sus tipos del Impuesto de Sociedades para atraer inversiones, según ha explicado Montero.
La Directiva recoge que los Estados podrán aplicar un impuesto complementario que grave a las multinacionales o grandes grupos nacionales que radiquen en su territorio y no alcancen una tributación mínima del 15% en su jurisdicción. Tras la aprobación del proyecto de ley, España aplicará ese impuesto, que puede adoptar diferentes configuraciones, complementarias entre sí.
La vicepresidenta primera ha detallado que, según las estimaciones de la Agencia Tributaria, la norma afectaría a un total de 126 grupos con matriz española y a 707 grupos multinacionales con matriz extranjera y filiales españolas. Respecto a la recaudación que Hacienda prevé obtener con la trasposición, María Jesús Montero ha explicado que dependerá de cómo adapte la directiva cada país de la UE. La ministra ha señalado que lo previsible es "que todo el mundo intente hacer su propia recaudación del 15% y que no caiga en manos de otros países".
Segunda edición del programa Verano Joven
El Consejo de Ministros ha activado la segunda edición del programa Verano Joven, una iniciativa destinada a facilitar que los jóvenes de entre 18 y 30 años viajen en transporte público por España y el resto de Europa. Los beneficiarios disfrutarán de descuentos en el precio de los billetes sencillos o de ida y vuelta en viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha ligado esta nueva convocatoria al éxito que alcanzó la del año pasado: 1,13 millones de jóvenes realizaron 4 millones de viajes por España y, además, se registraron 16.134 Pases Interrail para viajar por toda Europa. De este modo, el programa cumplió los grandes objetivos para los que se diseñó: facilitar los desplazamientos estivales a los jóvenes, sobre todo a aquellos con una capacidad económica menor; fomentar el uso del transporte público -en particular, del ferrocarril- en ese segmento de la población, y potenciar los destinos turísticos y culturales nacionales, particularmente los de la España rural.
"Viajar es, probablemente, una de las aportaciones que más puede enriquecer a una persona que está formándose", ha señalado el ministro. "La juventud, por tanto, es una de nuestras prioridades como gobierno y está en el centro de muchas de las políticas que hemos puesto en marcha", ha dicho Puente, quien ha recordado que el programa se tramita a través de un Real Decreto-ley y, por tanto, "esta medida que hoy nace en el Consejo de Ministros podrá hacerse suya por parte de todos los grupos parlamentarios" que lo convaliden.
Ampliación de los beneficiarios
Una de las principales novedades de la segunda edición de Verano Joven es que se amplían los beneficiarios potenciales: si el año pasado incluía solo a los jóvenes de nacionalidad española y a los europeos residentes en España, en 2024 se extiende a todos los residentes, con independencia de su nacionalidad.
Para acceder a los descuentos, los interesados tendrán que registrarse e identificarse en una web que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está habilitando. El ministro ha precisado que esperan que esté en funcionamiento antes del 15 de junio. Tras comprobar el cumplimiento de los requisitos, se facilitará a los jóvenes un código de registro único para todo el período del programa, con el que podrán acceder a la bonificación de sus billetes, como ocurrió en la edición anterior.
La inversión prevista en la iniciativa es de 130 millones de euros, 75 millones para los trayectos en ferrocarril y 55 millones para los viajes en autobús. Esta cantidad permitirá aplicar un descuento del 90% en el precio de los billetes de los servicios de autobús regular de competencia estatal y en los servicios ferroviarios de media distancia y red de ancho métrico. La rebaja será del 50% en los títulos sencillos de Avant y también del 50% en los billetes -con un máximo de 30 euros por billete-de los servicios comerciales de larga distancia o alta velocidad de todos los corredores ferroviarios. También se aplicará un descuento del 50% del Global Flexible de Interrrail de 10 días en 2 meses cuando se comercialice a través de Renfe.
"Estamos convencidos de que el Verano Joven 2024 superará las cifras del año pasado y contribuirá a ampliar el conocimiento que nuestros jóvenes tienen de su país, potenciando al mismo tiempo su autonomía y sus relaciones personales", ha manifestado Puente.
Nuevas ayudas para Transición Ecológica, Cultura y Educación
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha informado de la autorización del Consejo de Ministros a nuevas subvenciones convocadas por los ministerios de Transición Ecológica, Cultura y Educación. En el primer caso, el Ejecutivo ha dado el visto bueno a una dotación de 19 millones de euros para que diferentes entidades locales -ayuntamientos o diputaciones provinciales- puedan financiar proyectos innovadores que aborden el reto de la despoblación.
En segundo lugar, se ha aprobado una nueva convocatoria por un importe total de 62 millones de euros dirigida a la producción de largometrajes. Según ha explicado Alegría, al menos un 35 % de esta cantidad deberá destinarse a proyectos dirigidos por mujeres y al menos un 10 % a películas de animación.
Finalmente, la portavoz del Ejecutivo ha informado de la aprobación de una convocatoria de 103 millones de euros para financiar actividades formativas vinculadas al sistema de Formación Profesional. "Es una formación que recogerá actividades vinculadas con los sectores prioritarios de nuestro país y que va que va a permitir que se formen un mínimo de 150.000 trabajadores, hasta 200.000", ha añadido Pilar Alegría.
La titular de Educación ha concluido su intervención con un mensaje de "ánimo, confianza y tranquilidad" para los miles de estudiantes de todo el país que estos días realizan las pruebas de la EBAU: "Estoy segura de que el esfuerzo les va a merecer la pena", ha concluido.
Datos del paro y afiliación a la Seguridad Social en mayo
La portavoz del Ejecutivo ha comenzado su intervención con una valoración de los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social correspondientes a mayo conocidos en el día de hoy, cifras que ha calificado como "magníficas".
"Estamos hablando de 21.300.000 personas afiliadas a la Seguridad Social, un dato que nunca se había alcanzado en nuestro país", ha asegurado la portavoz, que ha explicado además que la cifra de desempleados registrada en mayo es la menor en dicho mes desde hace 16 años. "Estamos hablando de 131.000 parados menos que hace un año", ha puntualizado.
Alegría ha subrayado que el descenso se ha producido en todos los sectores, en todas las autonomías y que esta mejora afecta, fundamentalmente, a los jóvenes. "Desde la aprobación de la reforma laboral, la creación de empleo entre los menores de 30 años casi se duplica y, además, se produce en sectores de alto valor añadido", ha añadido la ministra.
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