Julian Assange podrá recurrir basándose en dos de los nueve motivos aducidos por su equipo jurídico en la vista que se celebró el llamado “Día X”, el pasado mes de febrero, ambos relativos a la posibilidad de que Assange no se beneficie de las garantías sobre libertad de expresión que ofrece la primera enmienda [de la Constitución de EEUU] debido a su condición de ciudadano australiano. El Tribunal ha rechazado, sin embargo, la posibilidad de que Assange recurra basándose en la posibilidad de que sea condenado a muerte, tras haber recibido lo que considera “garantías satisfactorias” por parte del gobierno estadounidense de que no lo será. Los seis otros posibles motivos de apelación ya fueron rechazados en marzo.
“Esta decisión marca un hito importante en el caso de Julian Assange, ya que abre una nueva vía necesaria para evitar la extradición. Los dos motivos de recurso que han sido aceptados significan que, por primera vez en tres años, la Justicia del Reino Unido considerará las cuestiones centrales de este caso, relacionadas con la libertad de expresión y la primera enmienda. Instamos al Reino Unido a que actúe en interés del periodismo y de la libertad de prensa y deje de permitir que prosigan estas peligrosas acciones judiciales”, Rebecca Vincent (Directora de Campañas de RSF)
En abril, el Gobierno de Estados Unidos facilitó garantías escritas según las cuales Julian Assange podría “invocar y procurar hacer que se invoquen” los derechos y salvaguardas que concede la primera enmienda, pero puntualizando que sería un tribunal estadounidense quien tendría la última palabra sobre ello. El equipo jurídico de Assange ha tildado estas garantías de “manifiestamente inadecuadas”, pues carecen del compromiso explícito por parte de la Fiscalía de que Assange se beneficiaría de ellas.
Al anunciar su decisión, los jueces Victoria Sharp y Jeremy Johnson -que ya habían expresado anteriormente que Assange tenía “perspectivas reales de éxito” al solicitar la posibilidad de recurrir sobre los dos motivos que le han sido finalmente concedidos- dieron a las partes hasta las 14.00 horas del 24 de mayo para presentar sus aportaciones. Aún no se ha fijado una fecha para la apelación.
La libertad de información, en el corazón de un largo procedimiento
Julian Assange no estuvo presente en el tribunal, pese a tener permiso para ello, por no encontrarse aparentemente en estado para comparecer. El editor de WikiLeaks ha pasado los últimos cinco años en prisión provisional en la cárcel londinense de alta seguridad de Belmarsh, mientras prosigue el procedimiento de extradición. Representantes de RSF han podido visitarlo cinco veces en prisión desde agosto de 2023 y han compartido su preocupación respecto a su estado de salud mental y física.
El lunes 20 de mayo, el interés internacional por el caso Assange seguía siendo alto: periodistas y otros observadores llenaron las dos salas de audiencias y, en el exterior del edificio, decenas de simpatizantes aplaudieron cuando se enteraron de la resolución judicial. Para los defensores de Assange, se trata de la primera buena noticia en este caso desde enero de 2021, cuando la jueza de distrito Vanessa Baraitser se pronunció en contra de la extradición por motivos de salud mental. Su decisión fue, sin embargo, anulada en diciembre de 2021, después de que la diplomacia estadounidense ofreciese garantías relativas al posible tratamiento que recibiría Assange en caso de ser extraditado. El Tribunal Supremo rechazó, en marzo de 2022, el permiso para recurrir este fallo y la entonces ministra del Interior británica, Priti Patel, firmó la orden de extradición en junio de 2022. El recurso inicial de Assange contra la orden fue rechazado en una escueta decisión escrita en junio de 2023, que condujo a esta última solicitud de recurso de apelación.
Si es extraditado a Estados Unidos, Assange se enfrenta a una pena de hasta 175 años de prisión por 18 cargos relacionados con la publicación, en 2010, por parte de WikiLeaks de más de 250.000 documentos militares y diplomáticos clasificados que fueron filtrados. Julian Assange sería el primer editor extraditado en virtud de la Ley de Espionaje, que no contempla la defensa del interés público, lo que sentaría un peligroso precedente que podría aplicarse a cualquier periodista o medio de todo el mundo. La autora de la filtración, Chelsea Manning, ex analista de inteligencia del ejército, cumplió casi siete años de prisión antes de que el presidente Obama conmutara su pena, alegando que era desproporcionada.
La movilización de RSF
RSF ha sido la única ONG que ha seguido estos cuatro años de procedimiento de extradición contra Assange. Los representantes de RSF han logrado obtener un permiso que se concede raramente para visitar a Assange en la cárcel de Belmarsh, después de que se les impidiera inicialmente. Al tiempo que ha monitoreado el procedimiento de extradición en EEUU, RSF también ha actuado ante el gobierno estadounidense y sigue exhortando a la Administración Biden a que encuentre una solución política en este caso que evite la extradición de Assange y que permita su liberación sin más demora.
El Reino Unido y Estados Unidos ocupan respectivamente el puesto 23 y 55 de los 180 países analizados en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024 de RSF.
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