El escándalo que rodea al presidente Pedro Sánchez persiguiendo a los youtubers por revelar corrupción en su partido

El presidente Pedro Sánchez se encuentra en medio de una polémica tras anunciar nuevas medidas para enfrentar a los comentaristas y youtubers que revelan supuestas corrupciones en el PSOE y en su entorno familiar. Sin embargo, estas medidas parecen ser solo un brindis al sol, ya que aquellos que tengan éxito podrán seguir los pasos del hermano del presidente y marcharse a Portugal, evitando así el control de las autoridades fiscales españolas.

En un video de YouTube titulado "Hacerse un David Sánchez", se critican las acciones del presidente y se destaca su afán por perseguir a aquellos que desde las redes sociales difunden casos de corrupción en su partido. Según el vídeo, los llamados influencers deberán cumplir una serie de requisitos bajo amenaza de recibir multas significativas, lo cual podría perjudicar a la empresa responsable de la plataforma.

El presidente y sus ministros están recibiendo críticas por estas medidas, consideradas como una limitación a la libertad de expresión en España. Muchos ciudadanos consideran que el sanchismo está atentando contra el derecho fundamental de expresar y difundir libremente ideas y opiniones, amparado en el artículo 20 de la Constitución española. El vídeo menciona casos de youtubers que han optado por marcharse a otros países, como Andorra, para evitar problemas legales.

Además, se cuestiona la capacidad del presidente para silenciar las noticias incómodas que revelan casos de corrupción en su partido y en su entorno familiar. Se le acusa de intentar ocultar la corrupción y de pretender acabar con la libertad de expresión en España.

En definitiva, el presidente Pedro Sánchez se está volviendo antipático debido a su cruzada contra la libertad de expresión, enfrentando críticas y oposición por parte de aquellos que defienden este derecho fundamental reconocido en la Constitución española. El discurso del vídeo destaca que las páginas web y los medios digitales son herramientas legítimas amparadas en el artículo 20, y no deben ser ridiculizadas ni silenciadas por el presidente y su gobierno.