La ONU da a conocer esta respuesta un mes después de la petición elevada por el Gobierno de España.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, considera que esos gobiernos autonómicos deben sentarse a negociar los textos legislativos porque, "de forma contundente", los relatores que han firmado conjuntamente la comunicación aseguran que dichas iniciativas van contra los valores de la ley de Memoria Democrática, vulneran los derechos humanos, invisibilizan a las víctimas de graves violaciones de los mismos y vulneran los estándares internacionales y tratados internacionales suscritos por España.
Torres ha hecho un repaso del contenido de esta comunicación "unánime, demoledora y tajante" que han firmado el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
El ministro ha remarcado que, en el caso de Aragón, la ONU detecta que no hay referencia explícita a la violación de derechos humanos, ni condena expresamente el régimen y su carácter dictatorial. Señalan, además, que el texto no se refiere a las violaciones de derechos humanos en el franquismo como en la ley anterior, sino a las "atrocidades cometidas por un bando en la guerra civil", mientras que sí cita la violencia política ejercida durante la II República. Para el ministro "es un hecho que destacan, porque no se puede comparar 40 años de dictadura con un periodo democrático".
En cuanto a Castilla y León, los relatores destacan la supresión de la palabra "dictadura" para referirse al periodo histórico del franquismo. Y añaden que se invisibiliza la violación de los derechos humanos, al negarse a nombrar y condenar el régimen dictatorial a pesar de su innegable responsabilidad.
Y sobre la proposición de Ley de la Comunitat Valenciana, el ministro también ha destacado que la comunicación de la ONU considera que se desvirtúa el objeto de las leyes de memoria anteriores (estatal y autonómica) porque hace referencia también a las víctimas de la II República. Y ponen el acento en que se disuelven todas las comisiones y organismos que se crearon con la ley anterior y prevé la supresión de los procesos ya iniciados de memoria.
Torres prosiguió con el contenido de la comunicación, que "no es del Gobierno de España ni lo digo yo, sino que lo dice la ONU", destacando que las nuevas leyes ordenan la supresión de entidades y proyectos y obstaculizan o suprimen la posibilidad de subvenciones. Según el ministro, esto haría incierta la continuidad de las exhumaciones, por ejemplo, que llevan a cabo dichas entidades sin ánimo de lucro.
Por último, el ministro ha explicado que, teniendo en cuenta que la ley ya está aprobada es la de las Cortes de Aragón, "a comienzos de la próxima semana comunicaremos oficialmente la interposición del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional", lo que conllevaría el inicio de la negociación bilateral, "si así lo acepta el Gobierno de Aragón", que sería el paso previo al recurso ante el Constitucional.
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