Los senadores de VOX, Paloma Gómez, Andalucía; Ángel Pelayo Gordillo, Extremadura; y Fernando Carbonell, Comunidad Valenciana, han registrado un escrito a la Mesa del Senado en la que solicitan que inadmita a trámite la ley de amnistía; que inicie los trámites para el planteamiento de un conflicto institucional; y que requiera al Congreso para que revoque la decisión de remitir esta ley a tramitación al Senado.
Tal y como ha mantenido la formación desde que se conocieran las intenciones del Gobierno de amnistiar a los miembros del conocido como «procés», VOX recuerda a la Mesa la posibilidad de ampararse en el artículo 36 del Reglamento del Senado, a lo que ahora se une «el informe de Secretaría General del Senado, que califica la iniciativa como una reforma constitucional encubierta y un fraude constitucional». Señalan también la página 60 del informe de los letrados del Senado «a los efectos de la interposición del eventual recurso de amparo por la vulneración de los derechos fundamentales causado por la remisión del Congreso de los Diputados».
Una vez inadmitida a trámite, tal y como ha explicado el vicecoordinador Nacional Jurídico de VOX, Jorge Buxadé, en numerosas ocasiones, se provocaría un conflicto entre ambas cámaras legislativas. Por ello, lo senadores solicitan a la Mesa que inicie los trámites para el planteamiento de un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso de los Diputados, en virtud del artículo 73.1 LOTC.
Por último, solicitan a la Mesa del Senado que requiera al Congreso para que revoque la decisión de remitir esta ley a tramitación al Senado, y retire su proposición en virtud del artículo 129.2 del Reglamento del Congreso.
En su escrito, los senadores de VOX estiman «imprescindible» adoptar «cuantas medidas permita el sistema constitucional para asegurar su propia integridad frente a la eventual aprobación de iniciativas legislativas que lo pongan en un riesgo cierto».
Recuerdan que la ley de amnistía «contradice explícitamente el artículo 62 i) de la Constitución (CE), al atentar directamente contra la función exclusiva del Poder Judicial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado (art. 117 CE); ataca con ello el principio de separación de poderes y el propio concepto de Estado de Derecho; es una negación flagrante del más esencial principio de igualdad de los españoles, en este caso en la aplicación de las leyes y en el sometimiento de todos los ciudadanos a la acción de los tribunales; tiene como designio la total impunidad de los autores de los aludidos actos criminales del proceso separatista impulsado por la Generalidad de Cataluña, que se cometieron contra las bases mismas de la organización institucional del Estado y contra la propia existencia de la Nación, y que llegaron a incluir actos de terrorismo». En definitiva, «es abiertamente incompatible con los principios y con la letra del propio texto constitucional, cuya vigencia pone en serio peligro».
Recuerdan al órgano rector que el informe emitido por la Secretaría General del Senado, a petición del Presidente del Senado sobre el análisis del contenido de la iniciativa parlamentaria, «además de poner en evidencia las graves irregularidades en la tramitación parlamentaria en Congreso, y la extensa descripción de las vulneraciones constitucionales del texto, concluye que la iniciativa es una reforma constitucional encubierta o un fraude constitucional o un producto normativo imposible».
Recuerdan a la Mesa del Senado que «la obligación de participar en la discusión y en el voto de propuestas que vulneran flagrantemente la propia norma constitucional es un atropello a los derechos de los senadores como representantes públicos». Los parlamentarios que se sujetan al ordenamiento jurídico y a sus límites se ven en una posición de inferioridad respecto a quienes pretenden desarrollar esa representación sin respetar cortapisa constitucional alguna», advierten los senadores de VOX.
Si (
No(
Traductor
