Tal y como anunció ayer el secretario general de VOX, Ignacio Garriga, y ha confirmado hoy la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Pepa Millán, VOX se ha querellado contra los cinco miembros de la Mesa del Congreso que votaron a favor de la admisión a trámite de la Ley de Amnistía. En concreto, la presidente de la Cámara Baja, Francina Armengol; el vicepresidente primero, Alfonso Rodríguez de Celís; la vicepresidente segunda, Esther Gil de Reboleño Lastortres, ; el secretario primero, Gerardo Pisarello; y la secretaria segunda, Isaura Leal Fernández.
La formación acude ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por un delito de prevaricación, recogido en el artículo 404 del Código Penal, puesto que los querellados admitieron a trámite la Ley de Amnistía «con conocimiento manifiesto de la inconstitucionalidad de la norma», que, según el escrito, no puede ser salvado invocando el informe realizado por el secretario general del Congreso, contra quien VOX también ha presentado una querella.
Entre los motivos que esgrime la formación para argumentar la inviabilidad del informe del Letrado Mayor del Congreso se encuentran los antecedentes parlamentarios. En concreto, en el año 2021 el entonces secretario general, Carlos Guiterrez Vicén informó de la manifiesta inconstitucionalidad de una iniciativa similar, sin objeción alguna por la Mesa que inadmitió la iniciativa, sin denuncia posterior.
Los miembros de la Mesa, advierte la formación, tenían «conocimiento notorio de las numerosas declaraciones institucionales, en especial del Consejo General del Poder Judicial)»; habían sido advertidos de los riesgos, comunicados de forma expresa por Santiago Abascal, diputado y presidente Nacional de VOX; tenían conocimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, a través de los expedientes de indultos, donde se informó sobre la interpretación del artículo 62 i) de la Constitución Española sobre la relación entre indulto y amnistía.
Se suman a estos argumentos, advierte la formación que preside Abascal, la corroboración con el informe de los letrados de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Además, de acuerdo con el acta de la reunión de la Mesa, tenían conocimiento expreso de la afectación a materia reservada para modificación a Ley orgánica, por producir una reforma constitucional.
Los cinco miembros de la Mesa que apoyaron la tramitación de la Ley de Amnistía, denuncia VOX, tenían también «conocimiento expreso de la vinculación con los pactos para los votos de una investidura, que provoca un ejercicio anormal de la potestad legislativa».
Así, VOX ha solicitado al Tribunal Supremo que se tome declaración de los cinco miembros de la Mesa; que se solicite al Parlamento la certificación de los documentos emitidos por el Congreso y aportados a esta querella y la copia íntegra del expediente relativo a la Ley de Amnistía.
En cuanto a las diligencias testificales a practicar, VOX ha solicitado que se cite al presidente del CGPJ, Vicente Guilarte; al ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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