¿Por qué tienen que cerrar ipso facto las embajadas catalanas?

El senador de VOX por Extremadura, Ángel Pelayo, ha registrado una moción en la Comisión de Comunidades Autónomas con el objetivo de mejorar la eficiencia del gasto público, mediante la reducción de despilfarro que no contribuye al bien común de los españoles, tal y como recoge el artículo 31 de la Constitución Española, cuando indica que «habrá de programarse y ejecutarse conforme a los criterios de eficiencia y economía».

Denuncia el senador en su exposición de motivos que los partidos separatistas, con el beneplácito del Gobierno de la Nación, «están haciendo uso de las instituciones y de los fondos públicos para promover la quiebra de la unidad de España». Y pone como ejemplo «la proliferación de las mal llamadas «embajadas» de ciertos ejecutivos regionales fuera de España; las políticas de adoctrinamiento que buscan sacar el español del sistema educativo o el uso fraudulento de los medios de comunicación públicos para hacer propaganda de la causa separatista, entre otros muchos».

En definitiva, advierte VOX en su moción, el Gobierno del PSOE «ha renunciado a custodiar el dinero de todos los españoles con la diligencia mínimamente exigible, y el gasto que realiza prescinde de cualquier exigencia ética o de la búsqueda de la excelencia». «No existe la más mínima voluntad de reformar el sector público, de auditar el número de entidades, ni la gestión del sector público, incluidos el elevado número de entes instrumentales, de observatorios, organismos, comisionados, consorcios o fondos carentes de personalidad jurídica, y de acabar con el gasto superfluo, las duplicidades de organismos o hacer la mejor gestión posible de los fondos públicos», refleja el senador.

Es por ello que la primera medida que propone el senador es el «cierre inmediato de las mal llamadas embajadas catalanas en el exterior, así como «eliminar el gasto público destinado a actividades y programas separatistas que no contribuyen al bien común».

Por el contrario, la formación solicita promover una asignación de los recursos públicos que fomente la unidad nacional y la convivencia pacífica entre los españoles, y establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar la eficiencia del gasto público.