«Es evidente que la realidad social ha superado esa redacción de la Constitución y ese cambio terminológico de la palabra disminuido por discapacitado es algo en lo que nosotros estamos de acuerdo». En su opinión, la reforma de ese artículo «responde a las demandas de las personas con discapacidad» a lo que ha añadido que «hay que ver cómo se va a hacer esto y nosotros no podemos comulgar al 100% con esta reforma».
En este sentido, Millán ha criticado el procedimiento utilizado en la reforma constitucional. «Estamos hablando de una reforma de la Constitución y entendemos que la tramitación directa y la lectura única no es suficiente ni se ajusta a la entidad que exige una modificación constitucional. A nosotros nos hubiera gustado que esta modificación se hubiera llevado a cabo tras un debate más exhaustivo, sesudo, con la intervención en la correspondiente comisión de los de los colectivos de las personas discapacitadas y de una forma, desde luego, más pausada y seria, si es que nos importa en algo la calidad de las normas que emanan de las Cortes».
Además, la portavoz parlamentaria ha explicado que el criterio de atención a las personas discapacitadas debe hacerse en función de su grado de discapacidad y ha lamentado que la reforma incluya una coletilla que habla de atención específica o particular a las mujeres y a los menores con discapacidad. «Son personas con situaciones muy diversas, muy complejas y que deben ser atendidas atendiendo a razones objetivas y en función de la circunstancia de cada uno».
Así, una circunstancia sería el grado de discapacidad, por lo que ha señalado que «nos parece insuficiente la reforma, si es que queremos de verdad dispensar esa protección a las personas con discapacidad, sin atender a otros criterios que no sean las de sus propias complejidades». Así, Millán ha señalado «la hipocresía de este gobierno», ya que «se va a valer de otra causa noble como es la protección de las personas con discapacidad para tratar de desplazar lo que ahora mismo le atañe a este gobierno, que son sus pactos con los separatistas».
De este modo, Pepa Millán ha afirmado que su formación lamenta que «utilicen a las personas con discapacidad para desviar el foco y tapar todo eso y sobre todo, blanquear sus tropelías buscando una fotografía que proyecte una falsa sensación de consenso en el exterior de nuestras fronteras. Al Partido Socialista, además, no lo preocupan las personas con discapacidad; dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno con las personas con discapacidad».
Así, ha recordado que lo primero que hizo VOX cuando comenzó esta legislatura fue «registrar una ley mejorada de ELA en la que ampliamos la cobertura de esa ley a los enfermos, grandes dependientes. Y lo que nos respondió el Gobierno es que esa ley no se podía tramitar porque era muy cara, porque costaba 38 millones de euros, con lo cual nosotros dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno con las personas con discapacidad y mucho nos tememos que esta reforma constitucional está envuelta de una gran hipocresía que sólo busca blanquear todo lo que está haciendo el Gobierno».
Por último, Millán ha anunciado que el GP VOX ha registrado una proposición no de ley para intentar paliar el abandono escolar. «España es uno de los países que sufre una tasa mayor de abandono», ha denunciado.
Por otro lado, Millán se ha referido a la propuesta del Gobierno de aprobar una ley que frene el acceso a la pornografía a los menores. «Nosotros creemos que hay que prohibir el acceso a la pornografía por parte de los menores y hay que proteger a los más vulnerables del acceso a este contenido» y ha recordado que VOX ha presentado varias iniciativas al respecto en los parlamentos de Madrid y Baleares «con el único afán de impedir que los menores pudieran acceder a estos contenidos pornográficos». Sin embargo, -ha añadido- «dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno para llevar a cabo esto, habrá que ver también cómo pretenden desarrollarlo, pero estamos hablando de un Gobierno que mete en los colegios a determinados activistas hurtando la patria potestad de los padres y enseñan una serie de contenidos que llaman educación sexual, unos contenidos que para nada son apropiados y que en muchas ocasiones los propios padres desconocen, con lo cual dudamos muchísimo del compromiso de este Gobierno para intentar impedir el acceso a la pornografía por parte de los menores».
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