VOX exige a la Mesa del Congreso que reconsidere la admisión a trámite de la ley de amnistía

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado este martes un escrito dirigido a la Mesa del Congreso para que reconsidere la admisión a trámite de la ley de amnistía por ser claramente “inconstitucional” e incurrir en un “fraude de ley”.

El escrito presentado, una vez admitida la proposición de ley de amnistía por parte de la Mesa del Congreso, se enmarca en la batería de acciones emprendidas por VOX para detener el golpe de Pedro Sánchez. Antes, el presidente de la formación, Santiago Abascal, dirigió una carta a la presidenta de la cámara, Francina Armengol, y al del Senado, Pedro Rollán, mientras que el grupo parlamentario registró dos escritos los días 6 y 13 de noviembre dirigidos a la Mesa del Congreso con idéntico objetivo: evitar la tramitación de la amnistía.

Hay que recordar que la iniciativa pactada entre el PSOE, ERC y Junts fue registrada en el Congreso el 13 de noviembre solicitando su tramitación con carácter de urgencia.

El objetivo de esta proposición de ley es el de conceder la amnistía a todos los políticos y demás personas que participaron en el golpe de Estado separatista que se está perpetrando en Cataluña desde hace varios años. En concreto, los efectos de la norma redundarán en todos aquellos actos delictivos cometidos en relación con el proceso separatista desde 2012 hasta la actualidad.

Otro de los objetivos de la ley de amnistía es romper la unidad nacional, el Estado de Derecho, el fin del principio de la legalidad y, en consecuencia, impulsar un cambio de régimen que pondría fin al sistema establecido en 1978.

Del mismo modo, VOX recuerda que esta ley no es nueva, sino la versión actualizada de la presentada el 16 de marzo de 2021 en la anterior legislatura por el Grupo Plural y el Grupo Republicano bajo el título “Proposición de Ley de Orgánica de Amnistía y resolución del conflicto político entre Cataluña y el Estado español”. Entonces, los letrados de la cámara tumbaron la norma porque su aprobación “entraría en una contradicción palmaria y evidente con lo dispuesto en el artículo 62 i) de la Constitución, de acuerdo con el cual no cabe que la ley autorice indultos generales”.

Por ello, VOX denuncia ahora que la amnistía no sólo atentaría contra ese artículo de la Constitución, sino contra el principio constitucional de la división de poderes que, entre otras manifestaciones, “se refleja en la regla constitucional de la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado” como recoge el artículo 117 de la carta magna. Es un ataque -recoge el escrito- contra la noción misma de Estado de Derecho y el principio de igualdad de los españoles.

En este sentido, el GP VOX detalla también la preocupación que han mostrado decenas de asociaciones por la situación de extrema gravedad en la que se encuentra la democracia española. Así, los Tribunales Superiores de Justicia de Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid, asociaciones de jueces, letrados y auditores del Tribunal de Cuentas, inspectores de Hacienda, la Asociación Unificada de Guardias Civiles o JUPOL son mencionados en el texto.

Además, el 6 de noviembre de 2023 el Consejo General del Poder Judicial aprobó una declaración institucional en la que sostiene que “una ley de amnistía es contraria al Estado de Derecho, pues lo convierte en objeto de mercadeo al servicio del interés personal del presidente del Gobierno, crea una clase política impune e irresponsable, se ataca la independencia de los Tribunales y acaba con el marco de convivencia de los españoles”, explica el GP VOX.

Asimismo, la formación que preside Santiago Abascal recuerda que la amnistía siempre ha sido entendida como “peculiar ejercicio del derecho de gracia en forma masiva; por otra, se ha vinculado tradicionalmente a fines políticos”.

En este sentido, en el escrito se deja claro que no existe regulación positiva de la amnistía en el ordenamiento jurídico, algo que queda plasmado en la sentencia 76/1986 del Tribunal Constitucional. Esa doctrina del TC ha ido asentando la posición de que la amnistía no forma parte del derecho de gracia establecido en el artículo 62.i) de la CE, al declarar, en sentencias 147/1986,122/1984 y 63/1983, de 20 de julio, que la amnistía supone una razón derogatoria retroactiva de unas normas y de los efectos anudados a las mismas.

Esto queda plasmado también en la sentencia 147/1986 de 25 de noviembre que señala que la amnistía “es una operación jurídica que, fundamentándose en un ideal de justicia (STC 63/1983) (EDJ 1983/63), pretende eliminar, en el presente, las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa -en sentido amplio- que se rechaza hoy por contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. Es una operación excepcional, propia del momento de consolidación de los nuevos valores a los que sirve”.

En el escrito presentado por VOX se deja claro que “ningún poder del Estado, y menos en un Estado democrático de derecho, puede actuar legítimamente si antes una norma jurídica (en nuestro caso la Constitución) no le reconoce esa potestad con carácter previo y expreso”.

Por otra parte, se explica en el texto registrado que la aprobación de la proposición de ley de amnistía supondría una vulneración de los derechos fundamentales como son el principio de seguridad jurídica, la igualdad de los españoles, el principio de justicia, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y la división de poderes.

Igualmente, la formación de Santiago Abascal recoge que la proposición de ley presentada por el PSOE incurre en un fraude de ley y que ha sido registrada por uno de los grupos políticos que sustentan al Gobierno con el claro objetivo de evitar los informes que necesitaría de haberse presentado como lo que es en realidad: un proyecto de ley orgánica.

Por todo ello, el GP VOX solicita a la Mesa el Congreso que:

- Reconsidere la decisión de admitir a trámite la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

- Acuerde su suspensión hasta que sea acordada su inadmisión definitiva por las graves consecuencias que puede acarrear su eventual aprobación: la quiebra del Estado de Derecho, la ruptura de la unidad nacional, el respeto a la igualdad de todos los españoles, así como suponer un ataque sin precedentes a la independencia del Poder Judicial y al principio de legalidad constitucional.