Una grave jornada de violencia institucional, desencadenada en Jujuy, una provincia del norte argentino, ha tenido un impacto directo en la política nacional y en las precampañas presidenciales.
El tono rumbo a las elecciones que se realizarán el próximo 22 de octubre fue marcado por la crisis. Los precandidatos de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, quienes estaban sumidos en una fuerte pelea interna por las candidaturas, mostraron una señal de unidad y cerraron filas en favor del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.
Los principales dirigentes de esta alianza, liderados por los precandidatos presidenciales Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, en una conferencia de prensa conjunta llevada a cabo en Buenos Aires, expresaron su apoyo a la represión y reforzaron sus discursos en favor del "orden", "las instituciones" y en contra del "populismo". Además, manifestaron su confianza en ganar las elecciones y adelantaron que, una vez en la oposición, el peronismo y el kirchnerismo harán todo lo posible por generar jornadas violentas similares a la ocurrida el martes en Jujuy.
Los abusos cometidos por las fuerzas de Seguridad al mando de Morales, así como las irregularidades que rodearon el proceso de la reforma constitucional provincial, que fue lo que provocó la crisis política, no fueron reconocidos en ningún momento. Mientras tanto, el oficialismo peronista se mantuvo dividido, mientras que la oposición se abroqueló.
Las reacciones fueron encabezadas por el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero de manera individual y exclusivamente a través de redes sociales. En sus mensajes, respondieron a las acusaciones de Morales y le indicaron que él es el único responsable del conflicto. Tanto ellos como los demás dirigentes peronistas advirtieron que si la derecha gana las elecciones presidenciales, la represión será uno de sus principales rasgos distintivos.
La proclamación de una reforma constitucional se llevó a cabo el martes por la Legislatura de Jujuy. Esta reforma, que fue elaborada en tan solo un mes, no fue objeto de debate ni consenso con organizaciones sociales. Entre los aspectos controvertidos que aborda, se encuentran la afectación de la propiedad y explotación de las tierras de los pueblos indígenas, así como el derecho a la protesta social, el cual está consagrado en la Constitución nacional.
Convocaron a protestar desde temprano múltiples colectivos, pero las fuerzas de Seguridad provinciales respondieron con una dura represión. Utilizaron gases lacrimógenos, balas de goma y detuvieron arbitrariamente a manifestantes. Según las denuncias, también dispararon balas de plomo. Además, se observaron imágenes de grupos encapuchados que voltearon y quemaron autos para crear barricadas. Intentaron incendiar la Legislatura y se enfrentaron con la policía.
Conforme transcurrían las horas, la tensión iba en aumento debido a la falta de acción por parte del gobernador ante la crisis. Este denunció que el presidente y la vicepresidenta habían enviado a militantes para "sembrar la violencia y el caos", una acusación que fue negada por Fernández y Fernández de Kirchner. El resultado de esta situación fue un saldo de 170 heridos, algunos de ellos en estado grave, así como 68 detenidos. En ciertos casos, personas fueron buscadas por policías vestidos de civil en automóviles, sin ninguna forma de identificación ni órdenes de arresto.
Una conspiración para "incendiar" la provincia fue denunciada por los dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes afirmaron que el peronismo y el kirchnerismo, en particular miembros de La Cámpora, se unieron a Milagro Sala (una destacada líder social de Jujuy que fue encarcelada por el gobernador), partidos de izquierda e incluso seguidores del ex presidente boliviano Evo Morales, debido a la proximidad geográfica entre Bolivia y Jujuy.
Durante el martes, los cuestionamientos sobre la represión en Jujuy fueron replicados por instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Amnistía Internacional y Reporteros sin Fronteras. A pesar de esto, los dirigentes de Juntos por el Cambio, quienes supuestamente hacen de la defensa de las instituciones una de sus principales banderas, rechazaron cualquier tipo de crítica.
"En este momento, no creemos que tenga alguna importancia lo que diga la CIDH", advirtió Patricia Bullrich, precandidata presidencial y una de las principales defensoras de las políticas de "mano dura". Insistió en que la CIDH quiere intervenir en un tema que desconoce porque no ha ido a la provincia, afirmó la exministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri.
"Acusó que hemos tenido casos en los que la CIDH ha pronunciado decisiones desde una mirada parcial y con prejuicios, me parece que tiene la cancha inclinada", afirmó. Las críticas al organismo fueron respaldadas por Horacio Rodríguez Larreta, su principal contrincante en la búsqueda de la candidatura presidencial. En la provincia argentina de Jujuy se denuncian detenciones arbitrarias en protestas por la reforma constitucional: "Es una total y absoluta injerencia, una falta de responsabilidad, la CIDH se pronunció sin siquiera informarse", declaró.
La tensión persiste más allá de las acusaciones intercambiadas. Este miércoles, el gobernador ha decidido declarar feriado debido a que los sindicatos y organizaciones sociales han confirmado la realización de dos jornadas de paro total, así como protestas en las calles y cierre de vías. En Buenos Aires, por otro lado, se llevará a cabo una marcha para exigir la liberación de los detenidos, repudiar la represión y la criminalización de las demandas, y defender el derecho a manifestarse.
"El gobernador no busca el diálogo", opina Luis Urtubey, miembro de la asamblea permanente de Jujuy por los Derechos Humanos. Urtubey critica la rapidez con la que se llevó a cabo la reforma de la Constitución regional en menos de un mes y señala que el Ejecutivo local actúa con represión frente a los reclamos.
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