La Operación Poniente, una macrocausa de corrupción empresarial y política en el Ayuntamiento de El Ejido, ha recibido su primera sentencia judicial después de 16 años desde que comenzaron las investigaciones. La vista oral se inició en 2020 y se extendió durante 18 meses en dos escenarios distintos debido a la pandemia del Covid-19. La espera ha sido larga, con 626 días transcurridos y constantes apremios durante los últimos seis meses.
Ha llegado la primera sentencia de la Operación Poniente, un procque conmocionó no solo a la provincia de Almería, sino que salpicó incluso a la política andaluza.
Hacemos aquí un recorrido por el lado judicial de este caso que tiene una parte política no menos interesante, porque el asalto a las arcas públicas del Ayuntamiento de El Ejido por parte de su alcalde de entonces, Juan Enciso, del interventor, José Antonio Alemán, y un buen número de empresarios locales, así como Abengoa, no fue lo único importante. Con las llamadas intervenidas se desveló la relaciones entre el PSOE y el PAL, formado por excindidos del PP, y que controlaban la Diputación en aquellas fechas.
La macrocausa 'Poniente', relacionada con una trama de corrupción empresarial y política en el Ayuntamiento de El Ejido, ha recibido su primera sentencia judicial después de 16 años desde que comenzaron las investigaciones en 2007. La vista oral se inició en 2020 y se extendió durante 18 meses en dos escenarios distintos debido a la pandemia del covid-19. Tras esperar 626 días, se ha emitido un fallo que aún puede ser recurrido.
En octubre de 2009, la Policía Nacional y funcionarios de la AEAT llevaron a cabo una operación en el Ayuntamiento de El Ejido y en la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur), así como en varias sedes relacionadas con la mercantil Abengoa y en viviendas de los investigados. Esta operación fue realizada bajo orden de la Fiscalía Anticorrupción y en coordinación con el Juzgado de Instrucción 2 de Almería. La investigación se extendió a Sevilla y Madrid.
En la primera fase de la operación policial, se realizaron alrededor de veinte detenciones, incluyendo la del exalcalde de El Ejido Juan Enciso, quien gobernaba bajo las siglas del PAL. También se registró la sede del partido político y se detuvo al ex interventor municipal José Alemán, así como a administradores de algunas subcontratas de Elsur y varios miembros de sus familias.
La investigación involucró a más de 80 personas en algún momento y comenzó con la vigilancia detallada de las conversaciones telefónicas y transacciones financieras de los principales actores. La Fiscalía determinó que se podrían haber sustraído hasta 71,5 millones de euros del presupuesto municipal entre 2002 y 2009.
La juez Montserrat Peña mantuvo en secreto la mayoría de las actuaciones hasta enero de 2011, más de 15 meses después de la intervención policial. Decretó el ingreso a prisión de Enciso y otras siete personas, pero pudieron evitarlo pagando las fianzas impuestas.
El exalcalde salió de la cárcel de Albolote (Granada) el 15 de junio de 2010 después de pagar una fianza de 300.000 euros. Poco después, Alemán también abandonó el centro penitenciario 'El Acebuche' tras pagar una fianza que se duplicó a 600.000 euros.
La investigación que llevó a nuevos arrestos debido al aumento de las conexiones se concluyó el 20 de junio de 2016. La juez dictaminó el procesamiento de 65 personas y decidió sobreseer a 13 investigados, cuatro de los cuales habían fallecido.
Durante la fase de investigación, el informe pericial solicitado a la Agencia Tributaria fue uno de los elementos que retrasó las actuaciones. Este informe no se entregó hasta febrero de 2014. Además, la gran cantidad de recursos presentados después del auto de procesamiento también prolongó la fase intermedia del procedimiento. Debido a esto, la Fiscalía no presentó su escrito de acusación hasta noviembre de 2017, ocho años después de las primeras detenciones.
Durante la preparación del juicio, se presentaron nuevas necesidades para poder llevar a cabo el proceso debido al gran número de investigados. Por lo tanto, la Junta de Andalucía realizó obras en el Palacio de Justicia de Almería con una inversión de aproximadamente 30.000 euros. Estas obras permitieron crear una sala adecuada para dar cabida a todas las partes involucradas en el juicio.
La vista oral con 49 acusados comenzó el 10 de enero de 2020, más de diez años después de la intervención en el Ayuntamiento. Sin embargo, cinco de los acusados fueron absueltos y abandonaron la sala de la Sección Tercera porque sus delitos habían prescrito.
Durante el juicio presidido por Társila Martínez y los magistrados Ignacio Angulo y Jesús Martínez Abad, se presentaron cuestiones previas que llevaron a la modificación del calendario de sesiones. La Fiscalía Anticorrupción solicitó más tiempo para responder a las defensas de los 44 acusados, lo que provocó la primera de las seis modificaciones.
El acusado tuvo retirados los cargos de delitos contra la Hacienda Pública en los periodos impositivos entre 2002 y 2005 debido a la prescripción. Además, se redujeron las penas de prisión solicitadas, en algunos casos hasta la mitad. La primera sesión para la declaración de los investigados estaba programada para el 30 de marzo de 2020, pero fue cancelada debido a la declaración del estado de alarma por el Covid-19.
La pandemia causó una demora de 18 meses en el juicio de la macrocausa y hubo varios cambios en el calendario debido a las restricciones del coronavirus. La presidenta del tribunal emitió una providencia en junio de 2020 debido a la necesidad de mantener la distancia interpersonal, donde indicaba que el Palacio de Justicia no cumplía con las condiciones necesarias para continuar celebrando el juicio, a pesar de haber sido objeto de obras de adaptación.
La Junta de Andalucía decidió cambiar la sede del acto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce, en Roquetas de Mar, que está a unos 14 kilómetros de la Audiencia Provincial y fuera del término municipal de la capital. Esta decisión implicó un gasto extra de 44.000 euros.
El caso que se llevaba en la comarca del Poniente almeriense llegó a su fin. Las sesiones del juicio se reanudaron el 16 de febrero de 2021 después de haber sido suspendidas un mes antes debido a que siete acusados y dos abogados dieron positivo por covid-19. En los primeros interrogatorios se avanzó en el proceso.
Los interrogatorios comenzaron con José María Marañón, consejero delegado de Elsur y presidente no ejecutivo de Agua y Gestión de Servicios, vinculada al Grupo Abengoa. El exalcalde ejidense habló públicamente el 2 de marzo de 2021 para negar que hubiera recibido "prebendas" en el marco de la trama o facilitara la sustracción de dinero público.
El progreso del juicio se vio afectado por la muerte del teniente fiscal de Almería y delegado de la Fiscalía Anticorrupción, Jesús Gázquez, quien lideró la investigación durante casi 14 años. A pesar de haber sido relevado por Jesús Juan Cruz, Gázquez se mantuvo comprometido con la causa hasta el final. En su honor, los miembros del tribunal y las partes guardaron un minuto de silencio en la sesión siguiente.
Después de casi seis meses de sesiones en el Palacio de Congresos y un año y medio de juicio en total, el caso ha llegado a su fin y se espera la sentencia. La espera ha sido larga, con 626 días transcurridos y constantes apremios durante los últimos seis meses. El presidente de la Audiencia Provincial de Almería, Luis Miguel Columna, ha ofrecido distintas previsiones e incluso pidió disculpas públicamente por la tardanza.
En diciembre de 2022, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, instó al tribunal a emitir su sentencia sobre el caso Poniente debido a la demora. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también se interesó por el tema durante una visita en febrero debido a las importantes dilaciones que han convertido este caso en uno de los más extensos del país.
Sentencia, tras varios años de retraso, del "Caso Poniente"
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