El Partido Socialista es la única fuerza política que no ha respaldado a Ignacio Cembrero en la demanda presentada por el Reino de Marruecos, que ya había sido rechazada en tres ocasiones. La decisión final se espera a finales de febrero.
El periodista ha manifestado su gratitud por el apoyo recibido de todos los partidos políticos, "algunos de manera explícita y otros con más discreción".
En el programa de televisión Todo es Mentira de Cuatro TV, Cembrero habló sobre lo que él considera la "gran excepción". Según él, nadie, ni siquiera en privado con carnet del PSOE, le ha manifestado su simpatía o apoyo. Esto le causa tristeza y desazón. El Partido Socialista no se pronuncia para no molestar a Marruecos.
Marruecos ha presentado una demanda contra Ignacio Cembrero por "acción de jactancia", un concepto del derecho medieval contenido en el Código Civil español. Esta acusación se basa en la presunta jactancia sin pruebas de que fue víctima de espionaje marroquí utilizando el software israelí Pegasus. El objetivo de la demanda es que el periodista se retracte de las informaciones relacionadas con el supuesto espionaje del régimen de Mohamed VI a políticos, periodistas y activistas.
La eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, ha expresado en un Pleno del Parlamento Europeo que el periodista español Cembrero ha sido acusado por Marruecos por dar a conocer su política. Según ella, las autoridades españolas no han hecho nada para evitar que sea hostigado y perseguido judicialmente.
Según Cembrero, el Gobierno de Pedro Sánchez y las autoridades marroquíes tienen una buena relación desde la "reconciliación" y España y Marruecos están viviendo "una luna de miel". Añadió que con un pequeño toque por parte del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a las autoridades marroquíes para que retiren su demanda, lo harían ya que Marruecos quiere complacer a las autoridades españolas. No obstante, está seguro de que no se ha hecho tal petición.
La demanda fue presentada por jactancia, una forma de ley que aún existe en el Código Civil español, pero no en otros países europeos. Esto ha impedido que periodistas de otros países sean llevados a juicio por Marruecos, especialmente en Francia.
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