Las empresas que operaron con comodidad en la Argentina de Ernesto y Cristina Kirchner, entre ellas Telefónica, Claro y Telecom, temen que para evitar la cárcel la ex presidenta confiese todo lo que sabe sobre los miles de millones en sobornos. Al mismo tiempo, las empresas implicadas tratan de acercarse al Gobierno del presidente Macri para que no se levante la alfombra de la corrupción, según supo mil21 en medios de inteligencia argentinos.
Ante el cerco de la Justicia por las acusaciones de enriquecimiento ilícito, Cristina Fernández estaría dispuesta a revelar los sobornos millonarios con los que las empresas obtuvieron un trato favorable por parte de la Administración kirchnerista o cobraron tarifas abusivas en el caso de las compañías de telecomunicaciones.
Durante los casi 13 años que ambos ejercieron como presidentes de la nación Argentina-Ernesto (2003-2007) y Cristina (2007-2015)-, recibieron miles de millones de empresas. Según un informe al que ha tenido acceso mil21, la empresa Telefónica fue presionada por los Kirchner para el presunto pago de mil millones de dólares destinados a financiar parte de la campaña electoral de diciembre de 2007 que llevó a Cristina Fernández a la Casa Rosada, sedede la Presidencia.
Para evitar la cárcel la expresidenta estaría dispuesta a denunciar a las empresas que ofrecieron sobornos
Las empresas no sólo debían pagar regularmente cuantiosas “mordidas”, sino que en las cuatro campañas electorales del matrimonio Kirchner sufragaron los gastos de las mismas. Las principales multinacionales de las telecomunicaciones presuntamente implicadas en la red de extorsión que permitió el enriquecimiento del matrimonio y su círculo más cercano fueron Claro (más de 20 millones de clientes) Telecom Personal (18 millones) y Telefónica (más de 16 millones de usuarios).
Colaboradores encarcelados
La ex jefa del Estado se encuentra procesada por un plan para realizar millonarias obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuna del Kirchnerismo, en las que desaparecieron parte de los fondos destinados a las mismas. El juez federal Julián Ercolini imputa en el auto a Cristina Fernández como “coautora penalmente responsable del delito de asociación ilícita en concurso real con el de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”.
El miedo de Cristina Fernández a terminar en la cárcel se sustenta ante el hecho de que sus principales colaboradores ya han ingresado en prisión. José López, secretario de Obra Pública, fue detenido cuando trataba de esconder 9 millones de dólares en un convento de Buenos Aires. Este personaje llegó a manejar 9.000 millones de euros en proyectos de infraestructuras.
Ricardo Jaime, exsecretario de Transportes, también está en la cárcel por corrupción en la compra de trenes inservibles a España y Portugal. Lázaro Báez, de cajero de un banco en Santa Cruz cuando conoció a Ernesto Kirchner, se convirtió en un empresario multimillonario. Igualmente ha dado con sus huesos en prisión.
Decenas de inmuebles embargados
Con el nuevo gobierno de Mauricio Macri la Justicia se ve apoyada y lleva a cabo investigaciones que han empezado por el embargo de decenas de inmuebles, hoteles y bienes de la ex presidenta. Se investigan hasta los bienes de los hijos del matrimonio, Máximo y Floren
Cristina Fernández sufre continuos episodios depresivos lo que le obliga a estar medicada. Está bajo una gran presión emocional y se encuentra casi abandonada por todos los amigos que durante los últimos años integraron su guardia pretoriana, según información a la que ha tenido acceso mil21 en medios próximos a la inteligencia argentina.
Las empresas tratan de negociar con el Gobierno Macri que no se levante la alfombra de la corrupción
Entre sus íntimos se comenta que si le garantizan la paz judicial y no ingresa en prisión, estaría dispuesta a delatar a las empresas argentinas e internacionales que sobornaron a los miembros del gobierno para conseguir obra pública o expandir sus cuotas de mercado sin contratiempos administrativos, en el caso de las compañías de telecomunicaciones. Éstas cobraron tarifas abusivas sin control alguno. A cambio de enriquecer a los mandatarios, podían presumir de una buena cuenta de resultados.
La Secretaría de Inteligencia (SI), el servicio secreto argentino, está monitorizando la inusitada actividad de las empresas que tratan de negociar con el gobierno de Mauricio Macri para que no se levante la alfombra de la corrupción que durante 13 años han sido el santo y seña de Ernesto y Cristina Kirchner. Las empresas, siempre según las fuentes citadas, estarían ofreciendo todo tipo de contrapartidas.
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