Añez, que asumió la presidencia del país andino tras el fraude electoral de Evo Morales en 2019, fue condenada la semana pasada a 10 años de cárcel tras un juicio-farsa en el que el régimen boliviano la acusaba de haber dado un “golpe de Estado”, a pesar de estar avaladas su toma de posesión por el Tribunal Constitucional de Bolivia, la Asamblea Legislativa y hasta el propio partido de Morales.
Una grave violación de los derechos humanos
También la UE y la Organización de Estados Americanos avalaron el proceso legal para deshacer el fraude. En su pregunta al vicepresidente Borrell, Tertsch recuerda que que Morales ha reconocido que el juicio a Áñez fue fruto de una decisión política de su partido.
Por ello, pide a la UE condenar esta grave violación de los derechos humanos, pedir la inmediata liberación de la ex presidenta y unirse a la iniciativa de varios Estados para investigar en el Tribunal Penal Internacional los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Morales.
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