Una nueva investigación periodística llevada a cabo por Eldiario.es, con la colaboración de investigadores de Greenpeace, ha desvelado la connivencia y permisividad del anterior Gobierno de Rajoy y del actual de Pedro Sánchez, con la industria armamentística para permitir la exportación de armamento de forma ilegal.
Los documentos publicados muestran los entresijos de operaciones de venta de armas a países involucrados en conflictos armados, algo que prohíbe tanto la ley internacional como la española. Este tipo de operaciones gozan de la opacidad que les ofrece la ley franquista de Secretos Oficiales, usada sin disimulo por todos los Gobiernos de la etapa democrática. Greenpeace pide que se acabe con esta ley y se otorgue mayor transparencia a las operaciones de venta de armas para evitar ilegalidades.
Cabe también destacar la existencia de puertas giratorias entre la política y el sector armamentístico, ya que el presidente de la empresa investigada, la consultora Everis, es Eduardo Serra, ministro de Defensa con Aznar y previamente secretario de Estado de Defensa con Felipe González.
En 2017 Everis firmó dos contratos con el Ministerio de Interior de Arabia Saudí por más de 108 millones de dólares (88,8 millones de euros). Uno de ellos para la venta de 100 sistemas de portamorteros Alakran, a través de Everis Aeroespacial y Defensa, y el otro de 250 morteros de calibres 120 mm, 81 mm y 60 mm y la friolera de 175.500 proyectiles de mortero, a través de su subsidiaria NTGS (que ha cambiado recientemente su nombre a Ventura Defense).
Everis, actualmente propiedad del gigante de telecomunicaciones japonés NTT, optó por dividir la venta de armas a Arabia Saudí con dos compañías para evitar que se vinculara su imagen de consultora “con la venta de armamento a una dictadura”, según publica Eldiario.es. “La intención es simular que no comercializamos armas sino sistemas electrónicos”, afirma un extrabajador de la empresa.
Everis, consciente de la impunidad con la que podía actuar gracias a la permisividad del Gobierno, aceptó firmar en los contratos una cláusula donde se comprometía a conseguir las autorizaciones gubernamentales necesarias para formalizar la exportación, “asegurando” que “no habría ninguna objeción” por parte del Ejecutivo español. Según la información obtenida, la exportación del primer contrato finalizó en 2018 y la del contrato de NTGS se ha seguido realizando en 2021 desde el puerto de Motril.
“Conocer estos documentos revela la soltura con la que la industria armamentística española negocia sus contratos, incluso cuando se trata de gobiernos señalados por Naciones Unidas por cometer graves violaciones de derechos humanos y obviando la ilegalidad de estas transacciones”, ha declarado Sara del Río, portavoz de Greenpeace. “Saben que haciendo uso de la Ley de Secretos Oficiales el Gobierno autorizará ilegal e impunemente esas exportaciones”.
Parte de esta información que ahora confirman los documentos publicados por Eldiario.es ya fue revelada en una investigación publicada por Greenpeace y este mismo medio en agosto de 2020. Entonces también se confirmó la presencia de los portamorteros Alakran en la conflictiva frontera de Yemen con Arabia Saudí, lo que implica un riesgo elevado de su uso en violaciones del derecho internacional como las que ha documentado y denuncia el grupo de expertos de Naciones Unidas.
A raíz de esta investigación Greenpeace solicitó información al órgano interministerial responsable de la autorización, la JIMDDU, sobre esta exportación. La solicitud fue denegada amparándose en la ley franquista de Secretos Oficiales, lo que motivó que la organización ecologista y pacifista presentara una demanda judicial reclamando esta información al Gobierno. La demanda fue aceptada por el TSJM y se encuentra en espera de resolución.
”Este caso muestra la forma de operar de este y los anteriores Gobiernos, que han utilizado la Ley de Secretos Oficiales para denegar sistemáticamente información sobre la venta de armas en España, lo que hace imposible denunciarlos por violar la legalidad nacional e internacional”, ha declarado Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace. “Como no se puede acreditar la autorización de la exportación por parte del Gobierno ante los Tribunales por ser secreta, los Tribunales archivan las querellas interpuestas por prevaricación. La democracia es incompatible con la falta absoluta de control y transparencia en una materia tan sensible como esta, en la que el Gobierno podría estar siendo cómplice de la comisión de graves crímenes de guerra contra la población de Yemen”, ha concluido Ruiz-Huerta.
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