Estos pseudogobernantes no respetan nada ni a nadie

En todo Estado de Derecho democrático, existe un instrumento básico, al que todos respetan, Ejecutivo; Legislativo y Judicial, que tiene como fundamento de su existencia relevante, la publicación de las normas legales aplicables al pueblo y a sus gobernantes.

A través de esta publicación se pone en conocimiento de todas las reglas que marcan la convivencia social y cuales son los derechos y obligaciones del pueblo y su marco de aplicación, la fecha del inicio de esta y su ámbito de aplicación.

En España, tal publicación se llama Boletín Oficial del Estado, anteriormente Gaceta hasta 1.677 en que adquiere carácter de publicación oficial, y al que se le dio la denominación de Gaceta de Madrid desde 1.697 y tener carácter de periódico oficial desde 1.762, fecha en la que la publicación pasa a convertirse en un medio de información oficial que refleja los criterios y decisiones del Gobierno.

Posteriormente, por la Real orden circular del Gobierno dirigida a todas las autoridades del reino de 22 de septiembre de 1836, se establece que los decretos, órdenes e instrucciones que dicte el Gobierno se considerarán de obligación desde el momento en que sean publicados en la Gaceta. De este modo, la Gaceta pasaba a convertirse en un órgano de expresión legislativa y reglamentaria, característica que conservará hasta la actualidad, y que cambio su denominación por la de Boletín Oficial del Estado en 1.937, nombre que conserva en la actualidad.

Es la razón de dicha publicación como se ha dicho la comunicación de las normas legales que rigen la vida de os ciudadanos, y su contenido es el de comunicar tales normas objetivamente.

Sin embargo, en el día de hoy hemos visto como esta pandilla de politicastros iconoclastas, han incluido en el preámbulo, que toda Ley contiene como explicación de su razón, una mención que denigra a la oposición en concreto al Partido Popular, diciendo textualmente “Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Se utiliza este instrumento legal para hacer una mención política del adversario opositor, denigrante de su postura en materia económica.

Abusa de ser el redactor de la Ley y el que manda lo que se publica en el BOE, para hacer política contraria a la actuación del principal partido de la oposición, y ello en pleno momento de unas elecciones, que, si bien son de carácter y ámbito autonómico, a la Comunidad de Madrid, es lo cierto que la implicación del monclovita presidente corrobora esta afirmación.

Tal abuso viene en demostrar de forma clara cual, es el carácter de tales individuos que dicen que nos gobiernan, el uso particular de los instrumentos del Estado, como si fueran para su uso y abuso. Así el uso del avión Falcon y su tripulación, cuyo gasto de mantenimiento pagamos todos para ir a un concierto con su señora; el invitar a gastos pagados por todos nosotros a sus amigos del colegio a pasar unas vacaciones en el Coto de Doñana o en las instalaciones de La Mareta en Lanzarote, todo ello a gastos pagados por nosotros.

Esta costumbre también la sigue el ministro denominado Ábalos, que con la excusa de una visita de trabajo se lleva a toda la familia a Canarias a un Hotel de superlujo, y lo pagamos nosotros; otros miembros del gobierno han realizado actividades de igual carácter.

Esto sigue con algunos amiguetes como el zapatitos y sus viajes a Venezuela, aun no se sabe para qué, o el galapaguino, que presume en el debate televisivo de que es quien se paga el casoplón de Galapagar, pero olvida que el dinero es público, de todos y lo debe recibir por su trabajo, el cual ha quedado demostrado que no ha realizado, habiéndose descubierto por Defensa en fecha reciente que no hubo intervención alguna en las residencias de ancianos durante la primera ola de la pandemia, en la que por Decreto había asumido una función de control, habiendo recibido la suma de 300 millones de euros para tal menester, pero al final, resulta que ni actuación alguna ni se ha visto dinero alguno como dijo Ximo Puig, ya se averiguara lo que paso. Es decir, ha cobrado un sueldo por el puesto que ocupaba, por el nombre del cargo, sin hacer nada para ganarlo, ni el puesto ni el sueldo, y luego pide indemnización por despido, es decir cara para dar y tomar.

Reparten dinero en cantidades muchimillonarias a supuestos proveedores de material médico para la pandemia entre personas que están procesadas por delitos económicos.

Todo es suyo, como lo son los muertos del Covid, que mueren en soledad sin los familiares, y que aun no sabemos cuantos han sido.

Gestionan en exclusiva la compra de vacunas para el coronavirus que al parecer no sirven. A Vd. como a mí al ponernos la vacuna no nos piden dinero para pagarla, pero es que ya se lo han cobrado de los impuestos que hemos pagado.

Luego se extrañan de que venga Europa y no se fie del plan de recuperación que preparan estos indocumentados, quienes nos mantiene con el índice de déficit más importante de Europa, y que cada vez que la Sra. Calviño o el Banco de España da un dato de cálculo del déficit lo aumenta poco a poco.

Esto es un abuso manifiesto y una utilización torticera de los bienes e instrumentos públicos, que no están para su uso y disfrute sino para servir al ciudadano al que no consideran lo más mínimo, sin vergüenza ni dignidad alguna. Pero luego viene Jose Félix y su CIS y larga una estimación de voto que no se la cree ni él, pero que siempre favorece a estos elementos.