El pasado 7 de enero de 2021 el Tribunal de apelación de Bruselas desestimaba el recurso del Ministerio Fiscal de Bélgica contra la no ejecución de la orden europea de detención emitida por España contra Lluis Puig por delitos relacionados con el golpe de Estado del separatismo catalán en octubre de 2017.
Una euroorden sin ejecutar, como sin ejecutar está la orden dirigida contra el expresidente Puigdemont, ‘salvado’ por la decisión de Schleswig-Holstein (Alemania), en julio de 2018.
¿Qué debe hacer España ante estos casos?
La formación se pregunta: ¿Cómo debe reaccionar cuando un estado miembro de la Unión Europea impide la prosecución del enjuiciamiento criminal de un acusado de delitos de desobediencia y apropiación indebida de fondos públicos, en el caso de Puig, o un acusado de rebelión en el caso de Puigdemont?
“La gravedad de los hechos –explican los representantes de VOX- por los que se investiga al señor Puig, relativa a la crisis constitucional de mayor alcance habida en España desde 1978 (y aún no concluida), exige que España demande a Bélgica ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por infracción del Derecho de la Unión Europea”.
“Y lo mismo –añade VOX en su escrito- debe hacer España de denegar la jurisdicción belga la ejecución de la euro orden emitida contra Puigdemont, investigado penalmente en España”.
‘El sentido de la euroorden’
Así, VOX reclama al Gobierno, no sólo la denuncia al Reino de Bélgica, ante la Comisión Europea, sino que si la Comisión no requiere a Bélgica el cumplimiento de sus obligaciones como estado miembro, promueva procedimiento de infracción contra el Reino de Bélgica ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE.
En la exposición de motivos, se recuerda que la decisión marco de la UE reguladora de la euro orden invoca el objetivo de que la UE llegue a ser un espacio común de libertad, seguridad y justicia, en el que la extradición entre los Estados miembros sea sustituida por un sistema de entrega entre autoridades judiciales. La existencia de la euroorden se funda en un grado de confianza elevado entre los Estados miembros de la UE.
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