El país más rico de Europa también se tambalea debido a la pandemia… hay pobres y muchos más de lo que podría parecer. Cuatro de cada diez habitantes de Alemania se encuentra amenazado de padecer pobreza o exclusión social. La Oficina Federal de Estadística (Destatis) precisaba el pasado viernes que un 19% de la población, el equivalente a unos 15,5 millones de personas, figura en ese grupo de riesgo por la debido al COVID-19.
El dato resulta sorprendente cuando el país lleva años continuados de moderado crecimiento económico, e incluso se anunciaba que se había alcanzado prácticamente el pleno empleo al registrarse en septiembre del 2016 una tasa de paro del 4,9%, la más baja desde la reunificación nacional en 1990.
La Agencia Federal de Empleo anunciaba además entonces un nuevo récord nacional de ocupación con más de 45 millones de alemanes cotizando a las arcas públicas, casi 560.000 más que en septiembre de 2017, con clara tendencia al alza.
Pero la buena situación económica de Alemania parece pasar de largo ante un abultado sector de la población, que engloba a los relativamente pocos desempleados que quedan -3.451.000 parados, según Eurostat-, y a cada vez más ancianos con pensiones raquíticas o ciudadanos con empleos precarios e ingresos insuficientes para cubrir los costes de vivienda, gastos de electricidad y calefacción y otras facturas.
Las consecuencias económicas provocadas por la pandemia
Uno de los hijos de Mercedes, de origen español, de 12 años, fue el primero en presentar síntomas de la Covid-19 en marzo del 2020. Poco después, la migrante en situación irregular de 40 años y sus otros tres hijos, aparecieron una mañana con asma y dificultades para respirar.
Durante las tres semanas siguientes, la familia luchó contra la enfermedad en cuarentena, mientras amigos y vecinos dejaban comida en la puerta de su casa en Solingen (Alemania). Mercedes y sus hijos nunca se hicieron una prueba para confirmar que contrajeron el virus, pero la presión en sus pulmones, la fiebre, el dolor de cabeza y la pérdida del olfato y del sabor la convencieron de que no podía ser otra cosa.
“Fue horrible”, dijo Mercedes, residente Alemania por más de dos años, quien solicitó que no se usara su apellido debido a su estado migratorio.
Casi un año después, los efectos del virus van mucho más allá de una persistente falta de aire. Perdió su trabajo limpiando casas cuando enfermó en marzo del 2020, y no pudo pagar la renta.
La ayuda económica de una organización local sin fines de lucro la ayudó a ponerse al día en el otoño del 2020, pero no podía seguir pagando el alquiler sin trabajar. Finalmente, el propietario desahució a la familia a principios de enero del 2021, en plena pandemia.
Mercedes es una de los casi dos millones de migrantes que viven en el país germano sin papeles, y que son particularmente vulnerables a las consecuencias económicas provocadas por la pandemia: no tienen acceso directo a una parte de los miles de millones de euros en ayudas del gobierno alemán que se han repartido.
Se estima que cuatro de cada cinco de migrantes en situación irregular tienen trabajos esenciales que los ponen en alto riesgo de contraer la Covid-19 en Alemania. También es más probable que sufran las consecuencias económicas, incluso cuando existen protecciones, como la moratoria de desahucios extendida hasta marzo, porque temen que, si piden ayuda, o denuncian a los propietarios, podrían ser deportados.
Mi comunidad se muere de hambre
“Mi comunidad se muere de hambre y es desahuciada, y esto se debe a que somos migrantes y no existimos”, lamenta. “Nadie quiere hablar de la comunidad migrante”.
No está claro cuántas personas que viven con situación migratoria irregular en todo el país alemán han sido desalojadas, desahucidas durante la pandemia. Tampoco está claro cuántos embargos se han sucedido de cuentas bancarias por el juzgado alemán en tiempos de pamdemia.
Una razón de la incertidumbre es porque a menudo se van en el momento en que un propietario amenaza con echarlos para evitar ir al Juzgado y correr el riesgo de deportación.
Como resultado, los propietarios a menudo pueden desalojar a los migrantes sin siquiera presentarse oficialmente en un tribunal civil y sin seguir las reglas estatales alemanas, por lo que no hay ningún formulario que rastrear.
“En lugar de ir al Juzgado y hacer valer nuestros derechos, simplemente se mudan”, continúa. “A menudo lo hacen de una manera que es realmente perjudicial para sus familias y sus vidas”.
Mercedes y sus hijos ahora duermen en la casa de una amiga, en el suelo de una habitación sin muebles. Recientemente encontró un trabajo de limpieza que paga 300 euros a la semana. No es mucho, pero está agradecida después de nueve meses de buscar trabajo. Todavía le aterroriza perder a sus hijos si los trabajadores de los servicios sociales alemanes descubren que la familia no tiene hogar.
“Esto no es vivir. Es solo sobrevivir. Seamos claros. Esto es solo sobrevivir y quiero vivir. Quiero una casa para mis hijos”, dijo Mercedes.
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