‘Vuelve, a casa vuelve…’. Esta frase traerá a la mente de algunos el recuerdo de un famoso anuncio de turrón que ha estado presente Navidad tras Navidad. Y es que, cuando llegan estas fiestas tan señaladas muchos emigrantes regresan a España para pasar los días festivos con la familia. Sin embargo, lo que hasta ahora era una costumbre puede truncarse por la crisis del Covid-19. Las exigencias del Gobierno para entrar en el país, como tener una PCR negativa, se convertirá en un “cierre de fronteras encubierto”.
Nosotros emigrantes españoles, que rechazamos frontalmente esta medida al provocar que el retorno navideño de muchos de nosotros sea un artículo de lujo accesible solo a quienes puedan permitírselo. En muchos de los países de nuestra acogida esta prueba PCR se realiza en casos muy concretos bajo prescripción médica, mientras que otros traen consigo costes inasumibles para una mayoría.
En Alemania, por ejemplo, un test por cuenta propia cuesta entre 75 y 150 euros, mientras que en Dinamarca aumenta hasta los 350. Y esto, sin tener en cuenta los retrasos en los resultados y el previsible colapso de los laboratorios si esta iniciativa se extiende a nivel europeo, lo que haría imposible el desplazamiento para gran parte de la emigración.
Ante esto, los emigrantes exigimos al Gobierno de coalición que facilite el acceso a las PCR haciendo que sean gratuitas para aquellas personas que, por motivos logísticos o económicos, no lo podemos hacer en nuestro país de residencia. Los emigrantes no somos turistas, recuerdo antes de poner de manifiesto la sensación de abandono y ninguneo que sentimos por parte de las instituciones españolas.
La entrada en vigor el 23 de noviembre de esta medida, que contempla sanciones de hasta 6.000 euros, es un jarro de agua fría para nosotros los emigrantes que, según lamentamos, vemos cómo se nos exigen requisitos sin la más mínima reflexión sobre nuestra viabilidad ni sus costes, sin dar ninguna facilidad alternativa y bajo amenaza de una multa desorbitada.
Nos encontramos, pues, ante un cierre de fronteras encubierto que segregará económicamente a quienes puedan acceder al país, que pronostico que solo aquellos más pudientes podrán asumir la factura de las pruebas Covid.
Hay 2,5 millones de españoles residiendo en el exterior a los que hay que garantizar el acceso a las pruebas, así como su gratuidad. Y hacerlo sin penalización ni multa ninguna. No somos turistas, somos emigrantes, que muchos de nosotros seguimos las recomendaciones dadas ante la pandemia, cancelando viajes o retrasado vacaciones.
Además, destaco que no estamos fuera de España por gusto. Muchos de nosotros somos parte de esos trabajadores esenciales que tanta falta hacen ahora en nuestro país, expulsados por años de recortes y maltrato de nuestras condiciones laborales.