Las pesquisas se abrieron tras una denuncia presentada por la organización Concordia Real Española que acusaba a los tres líderes políticos de injurias y calumnias tras haber dicho que la Casa Real era una "organización criminal" y llamar “ladrones" a sus integrantes.
La asociación monárquica llevó hasta la Audiencia Nacional las declaraciones de los tres políticos, realizadas a raíz del caso de presunta corrupción que tiene al rey Juan Carlos I investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo y por fiscales suizos por el presunto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales.
En su archivo, los fiscales señalan que las declaraciones de los tres políticos pueden ser consideradas “agrias” o incluso “rechazables”, pero no son delictivas y están amparadas por la libertad de expresión. El ministerio público concluye que “no hay caso” y que, por tanto, la denuncia no tiene “recorrido judicial”.
Los fiscales se apoyan para decretar el archivo en la doctrina del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que ordenó que España indemnizara a Arnaldo Otegi con 23.000 euros después de haberlo condenado a un año de cárcel por decir que el rey era "el jefe de los torturadores".
“MONARQUÍA CORRUPTA”
La Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió el pasado lunes una investigación al vicepresidente de la Generalitat por injurias contra la Corona en relación a unas declaraciones en las que afirmó que "los Borbones son una organización criminal" y que "la monarquía sólo puede ser corrupta por definición".
Las diligencias se abrieron a raíz de una demanda presentada el pasado día 4 de agosto por la organización ultraconservadora Concordia Real Española que también la dirigía contra la dirigente del BNG, Ana Pontón, y la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, que igualmente se han pronunciado de manera crítica contra la monarquía y la actuación del Rey emérito.
El fiscal acordó abrir diligencias de investigación contra los tres líderes políticos republicanos. El denunciante acusaba a Aragonés de proferir "expresiones ofensivas, impropias, injustas y oprobiosas que evidencian un absoluto menosprecio al Rey y la destrucción del prestigio de la institución que encarga su persona, afectando al núcleo íntimo de su dignidad".
Similares argumentos esgrimían contra Pontón, que el 25 de julio pasado aseguraba que “no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real” y advirtió que en el BNG "no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por corrupción". A Teresa Rodríguez le reprochan unas declaraciones del pasado 8 de julio en las que llamó "ladrones" a Juan Carlos I y a Felipe VI, a los que tildó de “parásitos” tras afirmar que “la monarquía es corrupta hasta el tuétano".
El código 490.3 del Código Penal prevé penas de entre seis meses y dos años de prisión para quien “vertiese calumnias o injurias graves contra el Rey, la Reina, sus ascendientes o descendientes en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas”.
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